La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó con urgencia este jueves, al gobierno de Jalisco informar con detalle los hallazgos en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, presuntamente utilizado como narcocampamento por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante su conferencia matutina, la mandataria remarcó que, pese a que la Fiscalía estatal resguardó el inmueble en septiembre de 2024, la información disponible proviene principalmente de colectivos de buscadores, no de las autoridades locales.
Es primordial investigar antes de plantear conclusiones. No es un tema político, sino de justicia”, afirmó Sheinbaum. Recordó que, tras un operativo en 2024, la Fiscalía de Jalisco asumió el resguardo del lugar, pero hasta ahora no ha esclarecido qué se encontró en el predio. “Necesitamos saber qué hay ahí: ¿restos humanos?, ¿pruebas delictivas? Las fiscalías deben actuar con transparencia”, insistió.
La presidenta destacó que, durante la reunión del gabinete de seguridad, se revisó el caso y se coincidió con el fiscal general Alejandro Gertz Manero en que la investigación local debe preceder a una posible atracción federal.
Primero, datos concretos; luego, las carpetas de investigación correspondientes”, señaló.
El llamado ocurre en un contexto de presuntas omisiones en la administración del gobernador Enrique Alfaro, ante las más de 6 mil 351 personas desaparecidas registradas en Jalisco durante su mandato. Colectivos y familiares han acusado complicidad o negligencia estatal. Ante la pregunta sobre este señalamiento, Sheinbaum evitó especular: “El deslinde de responsabilidades debe surgir de la investigación. No presumamos culpabilidades sin evidencia”.
La mandataria enfatizó que el caso no debe politizarse:
“Es un asunto de derechos humanos y justicia. Si hay autoridades involucradas o grupos criminales, se determinará con pruebas”. Mientras, familiares de víctimas y organizaciones exigen acceso inmediato al rancho, donde se rumora la existencia de fosas y crematorios clandestinos, según reportes no oficiales.
Con presión social creciente, la transparencia de Jalisco se vuelve crucial para esclarecer uno de los casos más emblemáticos de violencia y desaparición forzada en el país.
