El 25 de noviembre, el Estado de México despenalizó el aborto, alcanzando 18 entidades que permiten la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Este avance refleja un progreso significativo en los derechos reproductivos en el país. A pesar de que varios estados conservadores como Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Michoacán siguen manteniendo leyes restrictivas que penalizan el aborto, debido a la fuerte influencia de grupos religiosos y conservadores. Esto resalta la necesidad de continuar luchando por la equidad de género y el acceso a servicios de salud seguros en todo México.”
Con la reciente despenalización del aborto en el Estado de México el pasado lunes 25 de noviembre, ya son 18 las entidades las que permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Con esto, más de la mitad del país ha adoptado una postura a favor de la legalización del aborto, marcando un avance en los derechos reproductivos en México.
La Ciudad de México fue la primera entidad en despenalizar el aborto en 2007, permitiendo la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Doce años después, Oaxaca siguió los mismos pasos, cuando en 2019 legalizaron el aborto.
Luego de este hecho, la lista de los estados en México que apoyan el derecho a decidir ha seguido creciendo significativamente. En junio de 2021, Hidalgo aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y tan solo un mes después, Veracruz siguió el ejemplo. Es el mismo año, Coahuila, Baja California y Colima, también de sumaron al creciente avance por la lucha de la autonomía reproductiva.
En el 2022 se lograron importantes avances al añadir nuevos estados a la lista. Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes. Estos éxitos marcan un progreso continuo en diversas áreas a nivel estatal.
La marea verde tomó aún más fuerza cuando en 2024 algunos de los estados más conservadores como lo son Jalisco y Puebla se unieron al movimiento que busca garantizar los derechos reproductivos y mejorar las condiciones de salud para las mujeres. Este paso representó un avance significativo para la lucha por la equidad de género y el acceso a servicios de salud seguros y legales en el país. Aunque más de la mitad del país ya han mostrado su apoyo por este derecho, aun hay estados que no han homologado sus códigos penales. Es decir, aún continúan mantenido posturas conservadoras que penan el aborto y criminalizan a las personas que lo practican. A pesar de que ha habido avances en los últimos años, especialmente con la aprobación de reformas en algunas regiones, existen estados donde las leyes restrictivas siguen vigentes, lo que refleja una fuerte resistencia al cambio.
Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Michoacán siguen siendo algunos de los estados más conservadores en México en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres. En Guanajuato, la criminalización del aborto persiste en casi todos los casos, con penas severas para las mujeres que lo practiquen, a pesar de las demandas de una legislación más progresista. Chihuahua, por su parte, mantiene leyes restrictivas que penalizan el aborto en la mayoría de las circunstancias, con una fuerte resistencia social y política, influenciada por grupos religiosos. Aunque se han propuesto iniciativas para su despenalización, el cambio sigue siendo lento.
En Querétaro aun se mantiene una postura conservadora en cuanto al aborto, y aunque algunos grupos feministas han luchado por la despenalización, la legislación actual aún penaliza el aborto en la mayoría de los casos. La presión de actores religiosos y conservadores ha frenado los avances en el tema. Lo mismo sucede con Michoacán, que apesar de los avances en otras regiones, este estado sigue siendo uno de los estados que presenta una gran resistencia a la despenalización.
La fuerte influencia de grupos religiosos y la resistencia cultural y política han impedido una reforma legislativa progresista, lo que deja a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad, sin acceso a servicios de salud seguros y legales. Esta situación subraya la necesidad urgente de continuar la lucha por la equidad de género y la garantía de derechos reproductivos en todo el país, para que las mujeres puedan decidir libremente sobre su salud y su cuerpo sin enfrentar la criminalización ni las barreras legales.
