marzo 4, 2025 5:10 pm
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El Estado auspició y toleró violaciones a los derechos humanos: David Fernández

El pasado martes 25 de febrero, en el Auditorio de la Casa del Libro «Gilberto Bosques Saldívar», se presentó el informe final *Fue el Estado (1965-1990)*, elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH). El documento recopila y documenta violaciones a los derechos humanos, como torturas y ejecuciones, cometidas por el Estado mexicano durante la llamada «guerra sucia».

*»El Estado fue responsable de muchos actos de violación a los derechos humanos, porque fue cómplice, auspició y toleró»,* afirmó David Fernández Dávalos, representante del MEH.

Durante la presentación y donación del informe, se exhibieron documentos que buscan esclarecer hechos de represión y violencia de aquella época, así como el papel de los gobiernos priistas en estos sucesos.

La investigación concluye que, durante décadas, el Estado reprimió una *“amplia gama”* de disidencias que supuestamente *»amenazaban»* la estabilidad política, económica y moral del país.

*»No fue la obra de manzanas podridas, como se dijo después o se sigue diciendo. Las violaciones a los derechos humanos no fueron producto de malos elementos del Ejército. Estamos hablando de decisiones institucionales cuidadosamente planeadas, que fueron sistemáticas»* aseguró Fernández Ávalos.

Según el informe, los gobiernos hegemónicos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reprimieron a grupos minoritarios que consideraban una amenaza para la estabilidad del Estado. Dichos grupos fueron perseguidos y sometidos a estrategias de desgaste y represión. Asimismo, se documenta que los gobiernos de la época operaron bajo una doctrina de seguridad nacional —auspiciada por Estados Unidos— basada en la idea de un *»enemigo interno»* que debía ser *»aniquilado»*.

Fernández Dávalos también señaló que detrás de esta represión había un *»interés económico que debía ser garantizado»*.

El informe responsabiliza al Estado de haber permitido prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos, así como la consolidación de economías criminales y redes de extorsión e impunidad.

*»Los mismos que mataban guerrilleros o campesinos eran los mismos que colaboraban con el crimen organizado»,* afirmó Fernández Ávalos.

El proceso del informe

Para la elaboración del informe, se consultaron documentos del Archivo General de la Nación y testimonios de sobrevivientes. Sin embargo, algunas de estas fuentes fueron clasificadas como *»comprometedoras»* o consideradas una *»amenaza para la seguridad nacional»*, lo que impidió su acceso. También se menciona que algunos archivos bajo resguardo del gobierno de Estados Unidos fueron negados y que el Estado mexicano se rehusó a firmar una solicitud para desclasificarlos.

Estructura del informe

El informe *Fue el Estado* está compuesto por seis volúmenes que tienen como objetivos: – Reconstruir la verdad y honrar a las víctimas. – Iluminar las sombras del pasado. – Ofrecer justicia y reparación a las víctimas. – Revelar la otra cara de la «guerra sucia». – Detonar procesos de justicia, búsqueda y reparación. – Fortalecer una ciudadanía consciente y una cultura de derechos humanos.

*»En este informe, nos sumergimos en las historias de aquellos que han experimentado la brutalidad y la pérdida, recordando que detrás de cada dato estadístico hay vidas destrozadas y familias desgarradas por la violencia. Con un corazón compasivo y la firme convicción de que la verdad es el primer paso hacia la reconciliación, nos adentramos en las profundidades de un pasado doloroso, con el firme propósito de iluminar las sombras y ofrecer justicia y reparación a aquellos que durante demasiado tiempo han sido olvidados o silenciados»,* se lee en su sitio web.

El primer volumen del informe consta de seis capítulos que explican y contextualizan la violencia política ejercida por el Estado entre 1965 y 1990 contra diversos grupos, comunidades y sectores de la sociedad. Además, expone los hallazgos principales, las conclusiones generales de la investigación y una identificación de las víctimas según los casos documentados y las violaciones graves a los derechos humanos.

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