Luego de que el equipo legal que representa a Pascual Bermúdez Chantes, acompañado por su familia, activistas y observadores de derechos humanos, realizara una rueda de prensa y mitin frente al Poder Judicial de la Federación en Puebla denunciando que el Juzgado Cuarto de Distrito le retiró la suspensión provisional que evitaba su detención al cometer el «error» de no solicitar la información al juzgado correcto, se aceptó su impugnación y se emitió una nueva suspensión provisional para el ambientalista mientras se resuelve el juicio de amparo que interpuso.
Los abogados defensores de Bermúdez Chantes, Rogelio Flores y Renato Romero informaron que el Juzgado Cuarto de Distrito le requirió al juez de oralidad de la región centro Puebla datos que debió haberle pedido al juez de oralidad penal y ejecución de la región judicial centro poniente con sede en Cholula, pues él fue quien liberó la orden de aprehensión suspendida. Evidentemente, al haber recurrido al juez errado, la jueza cuarto de distrito recibió una respuesta que le permitió argumentar que la suspensión carecía de materia y decidió cancelarla, dejando a Pascual Bermúdez sin protección ante una denuncia promovida por Concesiones Integrales por los supuestos delitos de despojo y daño a la propiedad ajena y ante una segunda denuncia por presuntos ataques a las vías generales de comunicación tras el cierre de la autopista México-Puebla, el pasado 28 de mayo, en el marco de una protesta en demanda del cierre del pozo número cuatro del municipio de San Miguel Xoxtla, cuya agua sería manejada por la empresa arriba señalada, para destinarla a la ciudad de Puebla.
Vuelve a leer: Xoxtla no es «egoísta» por defender su agua: ASA apoya a pobladores
Aunque finalmente los jueces enmendaron este yerro y ampararon nuevamente a Pascual, las y los integrantes del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla, y los representantes de otros movimientos sociales que se dieron cita para protestar contra la cancelación de la protección, acusaron al Poder Judicial Federal de fabricar «errores» para dejar a ambientalistas a la merced de quienes les criminalizan, en sintonía con los intereses comerciales que pesan sobre el agua de los municipios como Xoxtla y Nealtican que están inmersos en procesos de defensa de su agua.
En esta misma rueda, los activistas enlistaron otras tres irregularidades que refuerzan esta suspicacia acerca de que los hilos de la concesionaria llegan hasta el Poder Judicial: primero, el hecho de que la Fiscalía General de la República citó, en calidad de imputados, a Renato Romero y a Pascual Bermúdez a una audiencia inicial por el delito de supuesto ataques a las vías generales de comunicación -el 1 de septiembre- sin otorgarles el derecho previo de audiencia; segundo, el que el caso de Pascual por supuestos delitos de despojo y daño a la propiedad ajena siga abierto, a pesar de que el de Renato Romero, por los mismos cargos, ya fue resuelto el pasado 7 de julio, habiéndose determinado que ni siquiera se acreditaba la existencia de dichos ilícitos; y tercero, el que el amparo solicitado por Rogelio Flores, por estos mismos cargos, está detenido porque la justicia federal argumenta dudar de la veracidad de su firma y le pide ratificarla en el mismo lugar en el que pretenden detenerlo.
