Las organizaciones Centro Prodh y Fundar urgieron a las Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizar el presupuesto mínimo para medidas de atención y reparación a víctimas. Las organizaciones enfatizaron que este 18 de noviembre los ministros discutirán un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad el cual exige que se restablezca un presupuesto, etiquetado e irreductible para personas víctimas.
«La decisión que tiene en puerta de la Suprema Corte es central para garantizar los derechos de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, particularmente ante un contexto donde el número de víctimas en el país continúa incrementándose», compartió el Centro Prodh en sus redes sociales.
Por medio de un comunicado, las organizaciones recordaron que previo a la reforma de la Ley General de Víctimas , su Artículo 132, fracción I, incluía la garantía de un presupuesto mínimo para medidas de ayuda, atención y reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos. Resaltaron que a pesar de haber sido un gran logro para las personas víctimas, en 2020 esta norma fue suprimida.
Por lo anterior, el Centro Prodh promovió una demanda de amparo en enero de 2021. En marzo de 2024 la Primera Sala de la Suprema Corte declaró que la eliminación de presupuesto para personas víctimas era una medida regresiva injustificada y violatoria del principio de progresividad.
Las organizaciones explicaron que aunque fue declarada la incostitucionalida la SCJN no ha realizado los cambios para revertir la medida declara como regresiva, por lo que este 18 de noviembre pueden «garantizar los derechos de las víctimas». Recalcaron que para esto es necesario establecer que el mínimo presupuestal debe garantizarse y el presupuesto debe etiquetarse claramente como «ayuda, atención y reparación»para evitar que se destine a otros fines.
En el comunicado, las organizaciones detallaron que el presupuesto para víctimas cubren dos tipos de gastos: primero la ayuda inmediata y la atención médica y psicológica especializada. En segundo lugar, gastos esenciales como los funerarios, traslados, hospedaje y alimentación para familias que buscan a sus seres queridos o están dando seguimiento a procesos penales.
