“El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Ecuador y Nicaragua por negar a tres niñas víctimas de violencia sexual el acceso al aborto legal. Esta decisión histórica, impulsada por el Movimiento ‘Son Niñas, No Madres’, exige reformas legales en ambos países para proteger a las niñas de embarazos forzados. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a El Salvador por negar un aborto a Beatriz, una mujer con lupus, en un embarazo de alto riesgo, destacando la importancia de asegurar derechos reproductivos y atención médica adecuada”
El 20 de enero de 2025, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió tres fallos históricos en los que condenó a los gobiernos de Ecuador y Nicaragua por violaciones a los derechos humanos de tres niñas latinoamericanas: Norma, Lucía y Susana, quienes fueron víctimas de violencia sexual y forzadas a continuar con embarazos no deseados.
En sus declaraciones, el Comité responsabilizó a ambos países por negarles el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, medida que se consideró una grave vulneración de los derechos de las menores. Hélène Tigroudja, miembro del comité de derechos humanos, expresó que “obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir; es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura», dijo en el comunicado.
Dicho pronunciamiento es el resultado de una estrategia de litigio internacional iniciada en 2019 por el Movimiento ‘Son Niñas, No Madres’. Esta coalición, integrada por más de diez organizaciones, incluidas Planned Parenthood Global, el Centro de Derechos Reproductivos, Mujeres Transformando el Mundo y Surkuna, impulsaron una campaña para visibilizar las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas.
Esta decisión marca un hito en la defensa de los derechos reproductivos a nivel global, al obligar a los Estados a modificar su legislación para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y evitar que las niñas sean forzadas a enfrentar embarazos no deseados.
Las resoluciones instan a Ecuador y Nicaragua, así como a otros países, a reformar sus leyes para asegurar el acceso a abortos seguros y legales, especialmente en casos de violencia sexual, riesgos para la vida o la salud. El Comité de Derechos Humanos subrayó que negar este derecho es una forma de tortura, trato cruel e inhumano y una violación a los principios de igualdad y no discriminación.
Las decisiones del Comité son de cumplimiento obligatorio y exigen a los Estados de Ecuador y Nicaragua tomar medidas de reparación para las víctimas, así como acciones de no repetición para evitar que otras niñas enfrenten situaciones similares.
Así, estas resoluciones abren un camino hacia la justicia para miles de niñas en todo el mundo, ya que la jurisprudencia internacional derivada de estas decisiones es aplicable a los más de 170 países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Caso en El Salvador
Por otra parte, en El Salvador, el pasado 20 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) declaró al Estado de El Salvador responsable por la violación de los derechos humanos de Beatriz, una mujer joven con lupus que enfrentó un embarazo de alto riesgo en 2013.
Durante la gestación, se diagnosticó al feto con anencefalia, una malformación cerebral incompatible con la vida fuera del útero. Ante la recomendación médica de interrumpir el embarazo para proteger su salud, Beatriz solicitó la interrupción voluntaria, pero la legislación salvadoreña, que prohíbe el aborto en todas sus formas, le negó el procedimiento.
Esta decisión provocó un intenso esfuerzo por parte de organizaciones como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y otras entidades feministas, que buscaban justicia para Beatriz y la reparación integral de su familia, además de medidas para prevenir que otras mujeres sufran situaciones similares.
La IDH destacó que la falta de certeza jurídica y la ausencia de protocolos claros en El Salvador fueron factores clave en la violación de los derechos de Beatriz. Se determinó que la falta de normas claras para abordar casos como este, generó inseguridad jurídica, lo que llevó a que el personal de salud temiera actuar ante el riesgo de enfrentar responsabilidades penales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador, implementar medidas para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales de la salud, permitiéndoles actuar de manera adecuada en situaciones de riesgo para la vida o salud de las mujeres y ajustar los protocolos existentes para asegurar una atención oportuna.
Esta decisión busca proteger los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, asegurando que puedan acceder a la atención médica necesaria sin temor a consecuencias legales.
Situación en el continente
América Latina y el Caribe enfrentan la segunda tasa más alta de partos de niñas menores de 15 años en el mundo. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en 2021, cinco de cada 100 niñas de la región se convirtieron en madres, y un 20 por ciento de estos embarazos fueron consecuencia de violencia sexual. Este problema se ve agravado por la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y por sistemas judiciales que permiten la impunidad.
Esta victoria, fruto de la valentía de Beatriz, Norma, Susana y Lucía, marca un avance significativo en la lucha por garantizar que ninguna niña sea forzada a abandonar su niñez ni sus derechos fundamentales.
Es un paso crucial hacia un mundo donde las niñas sean solo eso: niñas, no madres. La justicia alcanzada por ellas, establece un precedente internacional que refuerza la protección de los derechos reproductivos de las menores, extendiendo su impacto a miles de niñas en todo el mundo.
