La justicia demoró casi un año, pero por fin, en sesión extraordinaria, a días de que los diputados dejen su cargo, el Congreso de Puebla aprobó la Ley para la Declaratoria Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, la cual permite que las las víctimas sigan siendo reconocidas como vivas y que sus familias accedan a la certeza jurídica y derechos sociales que merecen.
Al igual que ocurrió con la Ley de Búsqueda de Personas para el Estado, el Congreso de Puebla tuvo una actitud de inaudita reticencia a aprobar la Ley para la Declaratoria Especial de Ausencia por Desaparición de Personas desde el momento mismo en que los procesos de justicia en tribunales y Cámaras Legislativas federales marcaron la obligatoriedad de actuar en pro de las familias de víctimas; sin embargo, finalmente, gracias a la persistencia de las organizaciones sociales, este viernes fue votado este marco legal que garantizará que quienes buscan a sus seres amados puedan acceder a derechos sociales que les corresponden sin verse obligados a declararles como fallecidos.
La aprobación por unanimidad se dio justo en el Día Internacional de Desapariciones Forzadas, y fue celebrada con aplausos y abrazos de los integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, que también conmemora el sexto aniversario de su fundación.
«Nadie quisiera vivir en carne propia tener que marchar en el Día Internacional de Desapariciones Forzadas…terminar la movilización, teminar una marcha por exigencia de verdad, de justicia, de memoria, venir al Congreso y llevarnos una votación a favor de la Ley de Ausencia es una ramita júridica tan importante, que va a ser muy elemental para que muchas familias puedan resolver pendientes que atraviesan la desaparición de su familiar de manera paralela», señaló María Luisa Núñez, fundadora de Voz de los Desaparecidos.«
El precedente de esta ley fue marcado el año pasado por amparo ganado por María Eugenia Rojas y su nieta de nueve años, a la que cuida de manera permanente desde enero de 2021, cuando su hija, Fabiola Narváez, fue desaparecida en el municipio de Puebla, y a quien quería proteger afiliándola como beneficiaria en su clínica del IMSS, pero se veía impedida para hacerlo dada la falta de certeza júridica sobre el estatús de la madre, razón por cual la jueza de distrito, Blanca Alicia Lugo, reconoció que el cuidado y la custodia de la abuela es suficiente para poder acceder al derecho de afiliación.
En el sentido de esa sentencia, el Congreso poblano tendría que haber actuado desde 2023 para formalizar el proyecto de ley que evidentemente es necesario para dar justicia y protección a los parientes de personas desaparecidas, sin embargo el legislativo impugnó la decisión de la juez y se mantuvo por varios meses en esa postura, por lo que fue hasta este 30 de agosto que aprobó los cambios necesarios para que, después de tres meses de la desaparición de una persona, sus familiares o representantes legales puedan solicitar la declaratoria de ausencia para su análisis ante comité integrado por un representante de la Fiscalía General del Estado y del propio gobierno local para decretarla efectiva.
Es esta misma sesión extraordinaria, las y los diputados votaron, igualmente por unanimidad, la aprobación de la Ley de Amnistía, que permitirá absolver a las personas de grupos vulnerables cuando cometan delitos de bajo impacto y no sean reincidentes; y la adición de párrafos al artículo 71 de la constitución poblana para que a partir de 2036 haya alternancia de género en el poder Ejecutivo estatal.
