Una de las juezas señaladas fue Miriam Huerta Lechuga quien, previamente, ha sido evidenciada por defensores del territorio por criminalizarlos y a inicios de este año animalistas exigieron su destitución tras haber liberado al agresor de la yegua Mila.
En rueda de prensa, Guadalupe Zárate quien por al menos 8 años ha sido víctima de violencia de género y de violencia institucional, en conjunto con sus abogados Manuel Mota y Lázaro Moreno, presidente del Consejo Nacional de Defensa Ciudadana, denunciaron las agresiones de Julio César Zechinelli Zago, esposo de la víctima, y solicitaron a la Fisacalía la investigación de las abogadas María del Carmen Romero Sánchez y Analleli González Alegría así como de los jueces Miriam Huerta y Abelardo Gil quienes, acusan, han encubierto al agresor y cometido actos en agravio de Guadalupe.
Guadalupe Zárate narró que su esposo César Zechinelli Zago le realizó el traspaso de la tienda Di Ferro el 20 de octubre de 2016 pues él necesitaba dinero por cuestiones de salud de su nueva pareja y la convenció diciéndole que los ingresos obtenidos podrían utilizados para la manutención de los hijos que ambos tienen en común. Guadalupe afirmó que le pagó por el local y finiquitó las deudas que su esposo tenía para lo que gastó al rededor de 300 mil pesos y pidió un prestamo de 400 mil. Sin embargo, aproximadamente tres meses después, él rompió las chapas del inmueble y cambió la combinación para que ella ya no pudiera acceder nuevamente. El 16 de febrero de 2017, Guadalupe levantó una denuncia formal en contra de Zechinelli por los delitos de robo, despojo y amenazas. De acuerdo con lo que relató después, esto marcaría el inicio de una serie de violencias institucionales por parte del Poder Judicial.
La primera persona señalada, fue la licenciada María del Carmen Romero a quien, como agente de Ministerio Público, le fue asignada la denuncia de Guadalupe. Evidenciaron que aunque en diversas ocasiones le solicitaron por escrito el seguimiento de la carpeta de investigación, la funcionaria siempre hizo caso omiso, favoreciendo y protegiendo al agresor. Por lo que en 2022 la denunciaron en la Fiscalía Anticorupcion quienes determinaron que María del Carmen Romero era inocente y no tenía ninguna responsabilidad en el asunto.
Previamente, durante el mismo 2017 la carpeta fue turnada al Centro Estatal de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal donde, señalaron, Guadalupe fue obligada por la licenciada Susana Andrade a firmar un convenio con Julio César Zechinelli en el que se acordó que él le pagaría una parte de lo que ella invirtió en el local, 104 mil pesos en efectivo de los cuales pagaría mil pesos a la semana y 46 mil pesos en especie. Sin embargo denunciaron que este acuerdo no fue respetado por Zechinelli y no le ha pagado nada de lo que fue estabalecido. De igual forma, el abogado Lázaro Moreno explicó que cuando Julio César firmó el acuerdo y lo ratificó, aceptó tacitamente que se había metido a Di Ferro de manera furtiva y cometido robo.
«A la fecha el señor no le ha dado (a Guadalupe) un solo peso y no sólo eso sino que el señor le debe una pensión alimenticia de sus dos hijos, pese a que un juez lo determinó no lo ha hecho. Lo que ha hecho es evadir a la justicia porque es un señor que siempre le encanta comprar a las autoridades», afirmó el abogado Lázaro Moreno.
En 2022, después de que María del Carmen Romero fue denunciada en la Fiscalía Anticorrupción, la sustituyeron por la abogada Analleli González Alegría quien, al igual que su predecesora, afirmaron, se negó a entregar por escrito el aseguramiento del bien inmueble y el seguimiento de la investigación, negándose a continuarla. Declararon que durante las audiencias en las que González Alegría estuvo presente, en todo momento se sometió a lo que decía la jueza de control Miriam Huerta Lechuga e incluso se negó a presentar como prueba una fotografía que mostraba a Julio César Zechinelli portando armas, imagen con la que el hombre amenazó de muerte a Guadalupe.
«Por haber presentado unas fotografías donde mi aun esposo está con unas damas y él tiene un revolver, una escuadra y una escopeta. Me las manda y me dice, tú sigues, yo te voy a matar. Lo abogados presentan esas pruebas y es cuando tanto el Ministerio Público como la jueza Miriam Huerta Lechuga se ofenden».
Enfatizaron que la jueza de control Miriam Huerta Lechuga, quien ya ha sido señalada de criminalizar a defensores de la tierra y fue reprobada por animalistas tras haber liberado al agresor de la yegua Mila, los reprendió por haber presentado como prueba las fotografías diciéndoles que si volvían a hacerlo los podrían meter a la cárcel y en represalia sustituyó al abogado defensor de Guadalupe, Manuel Mota, por uno de oficio que dijo no conocer la causa y por lo tanto manifestó que estaría de acuerdo con todo lo que dijera la abogada Analleli Alegría, Guadalupe afirmó que con este acto la dejaron en un estado de indefensión. Además destacaron que la jueza Miriam Huerta se ha negado a aceptar otras pruebas como las que acreditan el delito de lesiones.
El último funcionario señalado fue el juez Abelardo Gil Martínez. En 2022 se le impusó a Julio César Zechinelli la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de desacato a la autoridad. Sin embargo, aseguraron que el juez antes mencionado se pronunció a favor de Zechinelli y le concedió un sobreseimiento, con lo que fue puesto en libertad y además, afirmaron, así se anulan todos los delitos que se le están imputando.
Finalmente, Lázaro moreno, tras afirmar que él también ha recibido amenzas, declaró ante todos los medios de comunicación presentes que si algo les sucede responsabilizan a María del Carmen Romero, Analleli González Alegría y a Marco Antonio Javier González Alegría.
