Previo a la audiencia vs David «N», presunto agresor de Ivonne Daniela y su hija, la abogada Aranzazú Paredes preciso que tanto las instancias penales como las familiares deben priorizar los derechos de la niña. Pues el CECOFAM ya ha explicado el daño que le causa tener visitas supervisadas con su mamá y ser sometida a exámenes periciales desde hace seis años.
Después de haber sido ocho veces diferida en un lapso de dos años, se llevó a cabo la audiencia inicial contra David «N» por los delitos de violencia familiar y sustracción de menores con la agravante de violencia vicaria por lo que mujeres de las colectivas Madres Viviendo Violencia Vicaria y Colectiva por el Derecho al Cuidado Y Una Vida Libre de Violencia acuerparon a Ivonne Daniela exigiendo justicia para ella y su hija.
En 2018 Daniela Ivonne interpuso una denuncia por violencia familiar en contra de su ex pareja David «n». Ese mismo año el hombre denunció a Daniela Ivonne por el delito de abuso sexual en contra de la hija de ambos que, en ese entonces, tenía cuatro años. Desde hace seis años a Daniela le quitaron la custodia de su hija y sólo puede verla con visitas supervisadas. Pese a que las acusaciones contra Daniela se han desacreditado por falta de pruebas, David «N» ha denunciado cuatro veces directa e indirectamente a Daniela por el delito de abuso sexual y hace un mes por el de violencia familiar. Por lo que Daniela aún no puede tener una convivencia sana con su hija y la niña continúa siendo sometida a examenes periciales.
Previo a la audiencia contra David «N», Aranzazú Mariana Paredes Cruz, actual abogada de Daniela Ivonne, declaró a medios de comunicación que en este caso y en los de otras mujeres que son víctimas de violencia vicaria, son las instituciones las que vuelven el proceso largo, complejo y desgastante. Por lo que después de seis años, esperan tener un resultado óptimo en la formulación de la imputación para lo cual confían en que la jueza Concepción Arely Jofre tenga perspectiva de género.
A pregunta de Info Quórum sobre la custodia de la menor, la cual continua a cargo de David «N», la abogada Paredes Cruz precisó que eso debe resolverse con la instancia familiar y tanto esa dependencia como la instancia penal deberían poner como prioridad los derechos de la niña, quien es también una víctima. Reafirmó que al tener visitas supervisadas desde los cuatro años, ha institucionalizado la convivencia con su mamá y recordó que como lo ha reportado el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) esto ha causado un daño en la menor.
Por otro lado la activista Gabriela Rosas, vocera de la Colectiva por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, hizo un llamado a las personas funcionarias encargadas de impartir justicia a realizar análisis profundos más allá de los protocolos ya establecidos e ideas preconcebidas con el fin de evitar que se siga revictimizando a las mujeres y violentándolas de forma institucional.
Margarita exige que las audiencias dejen de ser diferidas
Margarita Cuautle dejó a su expareja tras diez años de relación pues la violencia aumentó y no le permitía ejercer su carrera. Después de que ella terminó la relación, José Luis «N» la amenazó de quitarle a sus hijos menores de edad hasta que esta amenaza se hizo realidad. El hombre tiene la custodia de los niños, en un inicio porque la acusó de violencia familiar, tras archivarse la carpeta, aún le concedieron a él la custodia argumentando que él había pasado más tiempo con los menores. Por lo que Margarita sólo puede ver a sus hijos tres horas a la semana.
En un año diez meses la audiencia contra José Luis «N» por los delitos de violencia familiar y sustracción de menores ha sido diferida cuatro veces. Por lo que Margarita exige justicia y que se detenga la violencia institucional ejercida mediante la suspensión de audiencias, las cuáles, explicó, son diferidas el mismo día por motivos mínimos.
