Entre sus recomendaciones el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pide al gobierno de México priorizar la atención hacia la violencia feminicida y garantizar la reparación para víctimas de violencia sexual y tortura.
Al rededor de 129 organizaciones pertenecientes al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red TDT, así como el Centro Fray Julián Garcés, el Centro de Estudos Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C (CESCAM), el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez y Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C (SEIINAC) exigen al gobierno de México cumplir con las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU realizó el pasado lunes 07 de julio.
«Nos sumamos al llamado de atender la violencia estructural, impunidad y falta de voluntad política que pone en riesgo la vida y dignidad de millones de mujeres», afirmó el OCNF en sus redes sociales.
El 7 de julio el Cómite para la Eliminación de la Dicriminación contra la Mujer emitió 90 recomendaciones al Estado mexicano sobre la violencia hacia y dicriminación hacia mujeres en todas las etapas de la vida y precisando interseccionalidades como pertenecer a la comunidad LGBTI+, desplazadas, migrantes, de comunidades originarias, desplazadas, buscadoras, defensoras y periodistas.
Por lo que un centenar de organizaciones que trabajan en pro de los derechos reproductivos, la erridación de la trata de personas y el feminicidio, además de dar la razón al CEDAW, clamaron al gobierno mexicano cumplir con las recomendaciones. La exigencia de las personas defensoras de los derechos humano es bajo la consigna «Si es tiempo de mujeres».
«Si es tiempo de mujeres debe ser tiempo de libertades, de frenar la violencia contra ellas, de frenar la desaparición forzada de niñas y mujeres, de dotar de recursos suficientes a los refugios existentes que atienden a mujeres y niñas víctimas. Es tiempo de construir instancias que sirvan para erradicar la violencia, de generar políticas que protejan a las mujeres defensoras y no simulen». Esta es una compilación de las exigencias de estos colectivos.
De forma específica, las organizaciones que conforman la Red TDT y el OCNF exigieron al Estado Mexicano que la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones de la CEDAW incorporen a sociedad civil, organizaciones civiles, academia y organismos internacionales. También que esta Comisión cuente con transparencia, metodologías de evaluación, mecanismos de participación ciudadana y se establezca una agenda con informes públicos cada seis meses.
Del mismo modo exigieron una reunión en menos de 60 días entre Organizaciones de la Sociedad Civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de las Mujeres con el fin de formalizar la Comisión y activar un Mecanismo Nacional de Evaluación y Cumplimiento.
Algunas recomendaciones emitidas por la CEDAW
El Comité CEDAW urgió reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de Derechos Humanos y atender los riesgos que corren. También alertó sobre la violencia sistemática que viven las mujeres defensoras y periodistas, así como la falta de respuesta institucional ante estos casos.
Así, pidió prevenir ataques aun cuando existan medidas de protección, reconocer formalmente a las buscadoras como defensoras y establecer programas de reparación y crear sistemas de monitoreo y recolección de datos de violencia.
Respecto al Mecánismo de Protección Federal recomendó fortalecerlo con un enfoque de género e interseccional, asignar recursos suficiente, mejorar la coordinación y garantizar investigaciones rápidas e imparciales de los ataques.
De igual forma pidió priorizar la atención de la violencia feminicida lo que incluye armonizar la legislación penal en todo el país, garantizar investigaciones con perspectiva de género y sancionar a los responsables de feminicidios y desapariciones.
Agregó que también es urgente garantizar justicia y reparación para víctimas de violencia sexual y tortura, por medio de mecánismos eficaces para la denuncia, atención y reparación transformadoras. Esto tomando en cuenta también a personas de comunidades originarias o de zonas rurales.
