En 1997, en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, la vida de Adriana Carreón Fuentes fue acabada por su esposo, Gildardo «N», quien en medio de una discusión sacó un arma de fuego calibre 9 mm y le disparó a la mujer en presencia de la hija de ambos. Tras asesinarla, el hombre robó las joyas de la víctima y se dio a la fuga, dejando en la escena del crimen a la niña de cinco años, la cual fue resguardada por una trabajadora del hogar que también fue testigo de los hechos.
El autor de este feminicidio -que en esos años aún era clasificado sólo como homicidio, puesto que la tipificación se reconoció en México hasta 2011- evitó responderle a la justicia durante 28 años, mudándose de estado a estado hasta que fue encontrado, el pasado mes de junio, trabajando como jornalero en la comunidad de Nuevo San José, en el municipio de José Azueta, Veracruz, y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla organizó un operativo para detenerlo, haciendo efectiva la orden de aprehensión vigente desde los años noventa, dentro del Proceso Penal 367/1997.
Fueron casi tres décadas las que este hombre pasó eludiendo a la justicia; la niña que vio a su padre dispararle a su mamá, ahora tiene 33 años; la Dirección de Medidas Cautelares emitió dos dictámenes en los que establece que es una «persona peligrosa y con alto riesgo de fuga«; sin embargo, el juez del Juzgado Penal de San Pedro Cholula al que le fue asignado su proceso, le otorgó prisión domiciliaria.
La decisión del juez de dar tan laxa medida a una persona que ya mostró que es capaz de burlar a las autoridades y recorrer el país ocultando su identidad, ha provocado la indignación y temor de la familia de la víctima; la cual exige que se atiendan los dictámenes y se proceda con apego a la seriedad del caso para enmendar 28 años de ausencia de justicia.
