El 4 de noviembre de 2025 se llevó a cabo una audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas a Ricardo N., vinculado a proceso por violencia vicaria. La jueza resolvió restablecer la prisión preventiva justificada, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la parte denunciante argumentaran la necesidad de reforzar la protección a las víctimas y garantizar el desarrollo adecuado del proceso judicial.
Andrea Lezama Bonilla, fundadora de la colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria (MEJCLVV), participó en la audiencia y solicitó la revocación del resguardo domiciliario previamente otorgado al imputado. La resolución fue considerada significativa por tratarse del primer caso judicializado por violencia vicaria en América Latina.
La Ley Vicaria, aprobada en Puebla en 2023, reconoce esta forma de violencia como el uso de hijas, hijos o vínculos afectivos para causar daño emocional a una expareja. El caso ha sido seguido por organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y medios de comunicación.
En un comunicado, Andrea Lezama agradeció el acompañamiento de colectivas, asociaciones, madres, mujeres, medios y autoridades, en especial a la titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, Diana Gómez González.
