Tras decomiso de celulares, armas y aparatos electrónicos en el penal de San Pedro Cholula, la alcaldesa Tonantzin Fernández, confirmó que se evalúa la destitución del director Mauricio José Bachbush. El operativo reveló 118 objetos prohibidos en áreas de los dormitorios, Fernández aclaró que la decisión recaerá en la SSP estatal, paralelamente avanza la ubicación del nuevo penal, que se definirá antes de junio. Las autoridades insisten en erradicar estos hallazgos para garantizar la seguridad en el Cerezo.
Luego de un operativo llevado a cabo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Pedro Cholula, en el que se decomisaron decenas de objetos prohibidos, la alcaldesa municipal, Tonantzin Fernández Diaz, anuncio que se analiza la destitución del director del penal, Mauricio José Bachbush. La medida responde a los hallazgos de celulares, pantallas y objetos punzocortantes y electrodomésticos durante una inspección reciente.
Detalles del operativo
Durante la revisión, autoridades de la Subsecretaria de los Centros Penitenciarios aseguraron 40 bocinas, 31 controles de televisión, 30 cargadores, 26 pantallas, 18 teléfonos móviles, 14 objetos punzocortantes y 11 memorias USB. Además, se encontraron televisores analógicos, ventiladores, reproductores Blu- Ray y cables de trasmisión de audio y video en las áreas de los dormitorios.
Ante esto, Fernández enfatizó que estos artículos vulneran la seguridad del penal y señaló: “No debemos permitir que esto exista en los penales.” Tomaremos cartas en el asunto con orden”.
Coordinación interinstitucional
La munícipe aclaró que la decisión final sobre la remoción del director recaerá en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado en coordinación con el Ayuntamiento.
Asimismo, dijo que continua el análisis para definir la ubicación del nuevo penal en Cholula, proyecto que se espera se concrete antes de junio de 2025.
El caso ha generado cuestionamientos por posible corrupción en el sistema penitenciario.
Cabe destacar que estos operativos forman parte de una estrategia para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios, tras supervisiones previas donde participaron autoridades como el gobernador Alejandro Armenta y la propia Fernández Diaz. Mientras tanto, el caso ha generado cuestionamientos sobre la probable corrupción al interior del sistema penitenciario.
Por último, el decomiso evidenció las fallas del control interno del Cereso, lo que podría derivar en cambios administrativos. Las autoridades insisten en que estas acciones buscan garantizar condiciones dignas y seguras tanto para los reclusos como para el personal.
