La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó este martes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisar el caso del fideicomiso de la Fundación Mary Street Jenkins, de la cual depende la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ante la posible existencia de fraude fiscal, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
La orden surgió durante la conferencia matutina, cuando una reportera preguntó a la mandataria sobre el tema del fideicomiso —que se estima llegó a un patrimonio aproximado de 14 mil millones de pesos en bienes y dinero— y sobre las sospechas de que esos fondos fueron trasladados a otros fideicomisos e incluso a cuentas en paraísos fiscales como Barbados y Panamá.
La comunicadora explicó que existe documentación que apunta a movimientos de la Fundación Jenkins —organización originalmente constituida con fines de beneficencia pública en Puebla— hacia destinos fiscales poco transparentes. También explicó que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, habría instruido analizar la posibilidad de presentar denuncias con el objeto de recuperar esos recursos.
La reportera preguntó si la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían iniciar investigaciones por el posible incumplimiento de obligaciones fiscales del fideicomiso, el presunto desvío de recursos con reglas de operación, y el lavado de dinero a través de triangulaciones hacia paraísos fiscales.
En respuesta, Sheinbaum fue breve y clara: “Sí, por supuesto. Pedimos a la UIF que lo revise”.
Esta medida se suma a las pesquisas previas sobre el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins, que han derivado en órdenes de aprehensión contra miembros de la familia Jenkins de Landa y en litigios vinculados con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), institución ligada al fideicomiso. Cabe destacar que, en el pasado, la Fundación Jenkins consiguió derrotar judicialmente al ex‑gobernador Miguel Barbosa Huerta en todos los juicios que éste le entabló.
En el contexto del gobierno de Barbosa Huerta (cargo que ejerció de agosto de 2019 a diciembre de 2022) se ofreció que “la reconciliación no significará impunidad” para Puebla, con promesas de fortalecer instituciones y aplicar la ley ante irregularidades cometidas en gestiones anteriores. Ahora, la apertura de esta indagación nacional por parte del ejecutivo federal sitúa al caso Jenkins como foco de atención para la rendición de cuentas y la transparencia fiscal.
La Fundación le ganó judicialmente todos los juicios a Barbosa.
