El Senado de la República aprobó un dictamen para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a investigar de manera inmediata y transparente las denuncias de comunidades de la región de Santa María Zacatepec, Puebla, sobre la presunta sobreexplotación de mantos acuíferos, ecocidio y afectaciones sociales atribuidas a la empresa Bonafont, filial de la multinacional francesa Danone.
El documento pide a la Profeco revisar y certificar los planes y estrategias empresariales de sostenibilidad hídrica, incluida la estrategia “4R” de Danone, a fin de que estos mecanismos incorporen de forma real principios de justicia ambiental, protección efectiva de los acuíferos y acciones de reparación del daño ecológico y social en las comunidades afectadas.
La Cámara alta también llamó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a realizar una evaluación sobre el cumplimiento de las concesiones de uso y aprovechamiento del agua en la región. En caso de detectarse permisos contrarios al interés público, ambiental o comunitario, se demanda que dichos títulos sean modificados o revocados.
Asimismo, las y los senadores solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitir un informe detallado del impacto ambiental generado por las actividades extractivas de agua realizadas por Bonafont. Ese reporte deberá incluir el caso del socavón que permanece activo desde hace más de cuatro años, así como las medidas de reparación integral a favor de las comunidades afectadas.
El dictamen subraya que es fundamental vigilar y regular los procesos mediante los cuales las empresas buscan cumplir sus metas de sostenibilidad. Advierte que, si estas acciones se abordan de manera superficial y sin una solución sistémica y eficiente, los problemas ambientales persisten y se acumulan pasivos que pueden agravar el bienestar de la población.
En el caso de Santa María Zacatepec, Puebla, las comunidades han señalado a Bonafont como responsable de la sobreexplotación del recurso hídrico, del despojo territorial y de un ecocidio en la zona.
Aunque la empresa sostiene que su extracción representaba sólo el 0.09 por ciento del uso industrial del acuífero, organizaciones locales la acusan de contribuir de manera directa al agotamiento del recurso, al señalar que la planta extraía entre 1.4 y 2 millones de litros de agua diarios, amparados por una concesión federal.
Por ello, el Senado enfatiza la necesidad de investigar a fondo todas las denuncias provenientes de la región de Santa María Zacatepec y garantizar que el manejo del agua responda al interés público, la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades.
