Los pueblos de la región cholulteca lanzaron un comunicado para desmentir las declaraciones del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respecto al conflicto ambiental con el basurero de Cholula.
A través de redes sociales, los representantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua acusaron al mandatario estatal de tergiversar los hechos y encubrir las acciones de la empresa ProFaj, responsable directa de la contaminación en la zona.
El pronunciamiento responde a los señalamientos del gobernador poblano, en los que aseguró que se ha buscado el cierre del basurero para frenar su impacto ambiental, sin embargo no ha sido posible iniciar las labores de remediación debido a la supuesta oposición de las comunidades locales.
Esta afirmación fue calificada como una “insultante mentira” por parte de los pueblos organizados, quienes aseguran que, en realidad, ha sido la resistencia popular la que logró frenar las operaciones del relleno sanitario, detener el avance de la contaminación y presionar por una remediación real.
Según los representantes, desde hacía años se han documentado irregularidades en el manejo del basurero, como el rebase de su capacidad operativa, la falta de geomembranas para la contención de lixiviados y la ausencia de medidas adecuadas para proteger los mantos freáticos.
Como prueba de lo anterior, presentaron una minuta firmada el pasado 5 de mayo con el Director General de Delegaciones del Gobierno del Estado, en la que solicitaron de manera formal la instalación de infraestructura de captación de lixiviados, la conducción adecuada de aguas pluviales, el relleno del socavón presente en el sitio y el desmantelamiento de la maquinaria de reciclaje instalada por la empresa.
En dicha minuta se asegura que, los pueblos no se oponen a la remediación, sino que han sido quienes la han exigido. No obstante, acusan al gobierno estatal de posponer la formalización de los acuerdos y señalan que la fecha de respuesta escrita se ha reprogramado para el jueves 14 de mayo.
Además, denunciaron una nueva maniobra que califican como “corrupta y ambiciosa” por parte de ProFaj y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa): la autorización del ingreso de 30 mil toneladas adicionales de basura como parte del supuesto plan de cierre del relleno. De acuerdo con los pueblos, esta medida busca reducir costos a la empresa, que debería utilizar materiales como tierra o tepetate para completar la estructura del sitio. Permitir el ingreso de más residuos, advierten, sólo incrementará la contaminación de la tierra, el aire y el agua.
“Es ofensivo a toda lógica que se intente remediar un problema causado por exceso de basura, con más basura”, señala el comunicado. En el socavón del relleno ya se observan filtraciones de lixiviados al subsuelo, lo que representa un grave riesgo para los mantos acuíferos de la región.
Finalmente, los pueblos recordaron la decisión colectiva tomada el 14 de mayo de 2024 en asamblea pública en la Plaza de la Concordia, donde se proclamó de forma unánime que no se permitirá “ni un kilo más de basura al basurero de la muerte”. Concluyen señalando que el gobierno de Alejandro Armenta debe responder si está del lado de los pueblos que defienden el territorio o de las empresas privadas que lucran con el medio ambiente.
