Los contingentes de manifestantes protestaron por dos temas distintos, sobre los parquímetros en Puebla Capital y la liberación de los González Vieyra, alcaldes detenidos por autoridades federales.
Dos manifestaciones se realizaron hoy a las afueras de la nueva sede del Congreso de Puebla; la primera exigió la libertad de los hermanos González Vieyra y la segunda está pidiendo que se detenga el programa de parquímetros en Puebla capital.
Estás dos protestas estrenaron el inmueble legislativo, ya que son las primeras que se presentan ahí; ambas sucedieron el mismo día, mientras los diputados locales se encontraban en sesión ordinaria.
Los diputados solo atendieron a los colonos que buscan que los parquímetros no operen en cuatro nuevas zonas de la ciudad de Puebla, ya que el gobierno municipal busca extender los polígonos de estacionamiento.
Mientras que los trabajadores del municipio de Chalchicomula de Sesma, cuyo presidente municipal es Uruviel González Vieyra, actualmente detenido, se colocaron a las afueras del Legislativo exigiendo la liberación de su edil.
Las lonas de la protesta fueron dirigidas hacia la diputada y dirigente de Movimiento Ciudadano en Puebla, Fedrha Isabel Suriano Corrales, a quien le piden libere al alcalde y su hermano Giovanni, alcalde de Tlachichuca, ya que ambos militan en el partido Movimiento Ciudadano.
Si bien, la manifestación de presuntos pobladores de Chalchicomula de Sesma, dejo salir a la mayoría de diputados y trabajadores de la sede lesgislativa, aún tras la instalación de una mesa de negociación se quedaron algunas personas en el sitio, y en estos momentos se está tratando de negociar su salida.
Uruviel González Vieyra obtuvo prisión preventiva por el delito de portación de armas, por lo que se encuentra en el Penal de Tepexi de Rodríguez. Su hermano Giovanny sigue detenido, pero no ha sido procesado.
En audiencia al alcalde de Chalchicomula de Sesma lo acusaron de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que se le impuso medida de cautelar de prisión preventiva.
Debido a que la defensa del imputado pidió la extensión del plazo constitucional para determinar su situación legal, el 15 de marzo se realizará otra audiencia para determinar si será vinculado a proceso.
