El gobierno de Puebla no es Ministerio Público, ni juez, pues solo realiza tareas ejecutivas y administrativas, por lo que quien investiga algún delito es la Fiscalía General del Estado (FGE), además, tampoco hay persecución, pero quien viole la ley será castigado conforme a ello.
Así lo sostuvo en la rueda de prensa que encabezó, el gobernador Alejandro Armenta Mier, luego de que fue cuestionado sobre la presunta venta de niños desde el DIF Estatal en el gobierno morenovallista y que denunció el ex mandatario fallecido, Miguel Barbosa Huerta.
Desde el expalacio de Gobierno, ubicado en la avenida Reforma, el titular del Poder Ejecutivo Estatal aseveró que en su administración no se persigue a nadie, pero tampoco se protege a quienes cometen irregulares
Esto, en alusión a empresarios y delincuentes de cuello blanco, así como a personajes que lavan dinero o que cometen actos irregulares como extorsión o se disfrazan de comerciantes para la venta de drogas.
«El gobierno del estado no es Ministerio Público, ni es juez, el gobierno tiene tareas ejecutivas, entonces quien violenta la ley, se somete a tareas de escrutinio de la ley, nada más», puntualizó.
El mandatario dejó en claro que todas aquellas personas o ex funcionarios públicos que hayan violentado el marco normativo, así como cometido irregularidades durante sus cargos, se someterán a tareas de escrutinio de la ley.
Armenta Mier manifestó que la Fiscalía en el marco de su autonomía actúa e investiga siempre que hay una denuncia, pues él no le habla a la fiscal Idamis Pastor Betancourt para pedirle que atienda algún caso.
