Ciudadanos del municipio de Huitzilan de Serdán han denunciado actos de abuso de poder y favoritismo por parte de la policía municipal, en el contexto de la reciente implementación de normas viales que, aseguran, se aplican de forma selectiva.
Los habitantes afirman que agentes de la policía de seguridad ciudadana imponen multas y retienen vehículos únicamente a personas que no están vinculadas con el ayuntamiento, mientras permiten que ciertos grupos de transporte operen sin contar con la documentación requerida.
La situación ha generado inconformidad, ya que muchos de los sancionados utilizan sus unidades —como camionetas o mototaxis— para el trabajo diario en el campo y están en proceso de regularización, con conocimiento y compromiso de apoyo por parte de la propia autoridad municipal.
El pasado 1 de marzo de 2025, la Comuna de Huitzilan publicó en sus redes sociales la entrada en vigor de nuevas reglas viales para todo el municipio, comprometiéndose a brindar acompañamiento en los trámites correspondientes. No obstante, los afectados señalan que no ha habido una correcta socialización de las normas ni claridad sobre el orden vial en la cabecera municipal, lo que ha sido aprovechado por los elementos policiacos para actuar con discrecionalidad.
Adicionalmente, los denunciantes aseguran que hay agentes que operan sin licencia y patrullas que circulan sin placas. También acusan al director de la policía municipal de encubrir estas acciones, e incluso de intimidar a ciudadanos que intentan documentar las irregularidades.
Los habitantes hacen un llamado a las autoridades competentes para investigar estos hechos y garantizar un trato equitativo en la aplicación de las leyes, sin privilegios ni represalias. La exigencia central es clara: que el orden se aplique por igual a todos y que cesen los abusos de quienes deben velar por la seguridad y justicia en el municipio.
«El acusado presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con la finalidad de revocar su prisión; sentencia emitida en primera instancia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla presentó los agravios, haciendo notar que el Tribunal de Enjuiciamiento encontró responsable al exlegislador por los agravios de índole sexual que ocasionó a su víctima», indicó El asesor jurídico del afectado que lo denunció en Puebla, Teófilo Benítez Granados.
