Instituciones de salud pública deben garantizar el acceso al aborto, esto implica que aunque exista personal que opte por utilizar la objeción de conciencia, deben asegurar que también hayan profesionales no objetores para realizar el procedimiento de irrupción del aborto, así lo recordaron colectivas feministas y por los derechos reproductivos en Puebla.
Tras la resolución histórica ocurrida el pasado 15 de julio, gracias al trabajo colectivo y activista, el aborto es ahora una realidad para los 217 municipios del estado; hace unos días, esta decisión fue constatada con la publicación en el Periódico Oficial del estado pero todo ello es primer paso en la lucha de la Marea Verde.
Una de las preocupaciones y retos a los que se enfrenta la reforma, recae en la denominada “objeción de consciencia”, que si bien es un derecho, no debe representar un impedimento para que mujeres y personas gestantes puedan acceder al aborto de manera segura y gratuita.
Si hay personal objetor de conciencia, tiene que haber personal no objetor (…) y en el caso de alguna emergencia médica que ponga en riesgo la vida, aunque sea objetor tiene que atender a la persona mujer o persona con capacidad de gestar”
Colectivas -incluidas CAFIS A.C., Ddeser, Red La Morada, ReDefine Puebla, Hablemos de Género y Católicas por el Derecho a decidir- enfatizaron que las instituciones tendrían que tener un listado con el personal médico objetor, que refleje únicamente a las personas que están el procedimiento.
“Ha pasado que el personal administrativo, seguridad, la personas que dan información dicen ser objetores”, explicó la activista Cinthya Ramírez respecto a casos en los que hospitales completos dicen ser objetores de conciencia, aunque esto no sea posible pues solo se puede objetar de manera individual.
IMSS, ISSSTE, ISSSTEP y todas las instituciones públicas deben garantizar que el derecho a la irrupción del embarazo sea respetado, sin que personal médico objetor lo impida; cabe resaltar, además, que la objeción muchas veces suele instrumentalizarse bajo prejuicios, desinformación o incluso miedo a la penalización, aunque esto ya no pueda ocurrir.
Existe un miedo por parte de las y los médicos (…) esto parte de las cosas que tendremos que seguir haciendo, de acercarnos a Secretaría de Salud, de brindar capacitación, de dar información y certeza jurídica”
