En un pronunciamiento público, la Contraloría Autónoma del Agua «Joel Arriaga», junto con organizaciones ciudadanas como la Asamblea Social del Agua (ASA) y el Observatorio del Agua, exigió a las autoridades federales y estatales atender la crítica situación hídrica que atraviesa el estado de Puebla, marcada por una alarmante concentración de concesiones, falta de supervisión, contaminación y privatización del recurso.
La organización denunció que el actual marco legal —la Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente desde 1992— ha facilitado el acaparamiento del agua en manos de un reducido grupo de concesionarios. Según cifras del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), en 2024 existían 21,012 concesiones en Puebla, de las cuales 251 concentran más de 6 mil millones de metros cúbicos anuales, representando apenas el 1.29% de los titulares y consolidando lo que la Contraloría llama la «hidrocracia«.
Las principales afectadas por esta concentración son las comunidades originarias, campesinas y urbanas marginadas, que enfrentan un acceso desigual y limitado al agua. A esto se suma la falta de tratamiento adecuado de las aguas residuales y una preocupante falta de personal para la supervisión: en todo 2024, CONAGUA en Puebla apenas contaba con un solo supervisor operativo.
Entre las empresas señaladas por su alto consumo y presunto impacto ambiental se encuentran PEMEX, HYLSA, Volkswagen de México, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Granjas Carroll y diversas embotelladoras, así como el sistema privatizado SOAPAP, responsable del abasto en Puebla capital y cinco municipios conurbados. Esta última enfrenta una demanda colectiva por incumplimiento en el tratamiento del agua y un índice de fugas superior al 40%.
Las organizaciones firmantes reprocharon la falta de respuesta por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pese a haber solicitado desde octubre de 2024 una mesa de trabajo para discutir alternativas junto a comunidades, académicos y núcleos agrarios. También denunciaron que mientras CONAGUA ha abierto diálogo con grandes concesionarios, sigue ignorando a las contralorías ciudadanas y a las voces afectadas.
Además, la ASA documentó múltiples denuncias ciudadanas contra Concesiones Integrales S.A. de C.V., operadora privada de SOAPAP, por abusos como cortes arbitrarios, cobros excesivos, negativa a aplicar descuentos a personas mayores y distribución de agua en condiciones insalubres.
La Contraloría reitera su llamado urgente a abrogar la LAN, declarar inconstitucional la actual ley estatal del agua y avanzar hacia una Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos, justicia ambiental y participación comunitaria. Exige también la coordinación efectiva de los distintos niveles de gobierno y poderes de la Unión para garantizar un verdadero buen gobierno del agua en Puebla y en todo el país.
“Puebla, como el país, exige una transformación real en la política hídrica. Esta no será posible sin transparencia, participación y diálogo con quienes hemos defendido el agua durante décadas”, concluye el documento.
Defensores del agua urgen a la Federación frenar a acaparamiento de concesiones en Puebla
