El 1 de septiembre de 2025, se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla la audiencia inicial del proceso 545/2025, en la que Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero Camacho, defensores del agua en San Miguel Xoxtla, fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación. La denuncia fue presentada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) tras una protesta realizada el 28 de mayo, que incluyó el cierre temporal de la autopista México-Puebla.
La sesión, presidida por el juez Jorge Ramírez, comenzó con retraso y se desarrolló sin la presencia de Capufe ni de su representante legal, Iván Barrón Reyes. Este hecho fue interpretado por el juez como una falta de interés por parte de la parte denunciante. La FGR presentó como pruebas declaraciones de elementos de la Guardia Nacional, testimonios de funcionarios del Ayuntamiento de Xoxtla, publicaciones en redes sociales y notas periodísticas que documentan el cierre de la autopista. Además, se incorporó el testimonio de Justino Cerezo, delegado de la Secretaría de Gobernación en la región de Cholula, quien previamente habría amenazado a Romero Camacho con reactivar investigaciones en su contra.
Durante la audiencia, los acusados solicitaron la duplicidad del término constitucional para preparar su defensa. El juez fijó la continuación del proceso para el 5 de septiembre a las 14:30 horas.
Este caso ha sido cuestionado por organizaciones sociales y organismos internacionales, que advierten sobre el uso del delito de ataques a las vías generales de comunicación para judicializar protestas sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han señalado que los bloqueos temporales forman parte de las modalidades de protesta pacífica y que los Estados deben privilegiar el diálogo y las medidas no penales antes que la persecución judicial.
En el expediente quedó asentado que la protesta realizada en San Miguel Xoxtla estuvo relacionada con la defensa del agua en el municipio y que derivó en acuerdos con el ayuntamiento, sin que se registraran hechos violentos ni riesgos para la población.
