La organización protectora de animales Fundación Patitas Enlodadas emitió un enérgico pronunciamiento público a través de su página oficial de Facebook, en el que denunció irregularidades graves y omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla en un caso de maltrato animal en la colonia San Miguel La Venta.
El comunicado, publicado el pasado 8 de mayo, surge tras una diligencia realizada el 7 de mayo en el domicilio de Porfirio «N», señalado por presuntos actos de crueldad hacia animales.
Según la ONG, la actuación de las autoridades fue deficiente, careció de transparencia y estuvo marcada por una preocupante falta de compromiso.
“Es inadmisible que desde 2022 la Fiscalía no haya ejecutado un solo cateo en casos de maltrato animal, pese a las múltiples denuncias y evidencias presentadas”, denunció la fundación.
Además, cuestionaron la presencia de una ciudadana sin facultades legales —una autodenominada abogada animalista— durante la diligencia, cuya intervención, aseguran, compromete la imparcialidad del proceso.
La organización también señaló que la Unidad Especializada en Delitos contra los Animales opera sin recursos, personal capacitado ni voluntad institucional para intervenir de manera efectiva.
Esta situación, afirman, ha dejado en la indefensión a miles de animales víctimas de abuso, negligencia y abandono.
El caso que motivó este nuevo pronunciamiento fue inicialmente denunciado en mayo de 2024 por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre un pseudorefugio operado por Hugo «N», en el que se reportaban condiciones deplorables y muertes de perros y gatos. A pesar de videos, evidencia fotográfica y múltiples llamados públicos, la autoridad no ha tomado acciones concretas.
“Parece que para que haya justicia, todo tiene que hacerse viral”, lamentó la ONG en sus redes, donde también recordaron que Porfirio «N» ya había sido denunciado anteriormente.
En esa ocasión, más de 13 perros fueron rescatados en condiciones críticas por otra organización y posteriormente adoptados en Canadá.
En su comunicado, Fundación Patitas Enlodadas reiteró su exigencia a la Fiscalía: “¡El bienestar animal no es opcional! Es un deber legal, ético y social. La inacción convierte a las autoridades en cómplices de la crueldad”.
