El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, justificó que aún no ha iniciado un litigio contra la empresa Agua de Puebla para revocar la concesión debido a que, según él, el Poder Judicial de la Federación favorece a las empresas. Por ello, afirmó que esperará hasta después de la elección de junio para actuar.
Durante su habitual rueda de prensa de los lunes, que en esta ocasión se llevó a cabo en la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, en Chachapa, el mandatario poblano aseguró que el derecho humano al agua está consagrado en la Constitución y que su gobierno lo defenderá.
«Hay que dejarlo en claro: la Constitución mandata a todas las autoridades a velar por el cumplimiento de los derechos, como el acceso al agua. Es criminal cuando una autoridad, violentando la ley, antepone el interés privado al público», acusó.
Sostuvo que los gobiernos de la Cuarta Transformación buscan poner fin a los «contratos leoninos», aunque advirtió que enfrentan no solo a empresas nacionales y extranjeras, sino también a sus aliados en el Poder Judicial, a quienes calificó como “traidores a la patria”.
Sin embargo, Armenta Mier aclaró que estos casos se estarán litigando con precisión jurídica, pero solo después de la renovación del Poder Judicial federal, que ocurrirá tras la elección de junio, con el fin de garantizar que el interés público prevalezca sobre el privado.
El gobernador también afirmó que, durante el periodo neoliberal, se abusó de la concesión de servicios públicos en complicidad con el Poder Judicial, lo que derivó en contratos que no garantizaban el cumplimiento de los derechos sociales establecidos en la Constitución.
En este contexto, pidió a la ciudadanía que no olvide que el sistema de saqueo fiscal, presupuestal y energético en el estado y en el país fue estructurado desde el Poder Judicial. *»Ese es el origen del problema y eso es a lo que nos estamos enfrentando»*, enfatizó.
En el periodo neoliberal se otorgaron 9,500 concesiones
Armenta Mier recordó que, durante su gestión como diputado federal y senador, realizó un estudio junto con expertos en la materia, el cual reveló que antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se otorgaron 9,500 concesiones de agua en el país.
Recalcó que el Poder Judicial ha fallado sistemáticamente a favor del interés privado, protegiendo a inversionistas y dejando en indefensión al Estado. Además, aseguró que los abusos cometidos en el pasado son el principal obstáculo que enfrenta actualmente su administración.
«No es un tema sencillo, porque no solo se trata de cancelar las concesiones, sino de prever cuál será la postura del Poder Judicial en un litigio»*
, reconoció.
Finalmente, exhortó a la ciudadanía a participar en las elecciones y votar, argumentando que es necesario democratizar al Poder Judicial para que los jueces sean electos por el pueblo y no sirvan a intereses que, según él, han saqueado la nación.
«El sistema de saqueo fiscal, presupuestal y energético en el estado y en el país fue construido desde el Poder Judicial. Ahora la población tiene la oportunidad de depurar ese poder y elegir a jueces que no sirvan a intereses perversos que entregaron los bienes públicos al extranjero, incluyendo el agua», concluyó.
