La organización defensora de animales Tac A. C denunció que una resolución judicial emitida en Tehuacán, Puebla estaría, obstaculizando la procuración de justicia en un caso de crueldad animal contra Capitán, un perro que resultó gravemente lesionado y cuyo ataque fue difundido en redes sociales, generando indignación pública.
Los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo en la localidad de San Diego Chalma perteneciente a dicho municipio, cuando Oliverio N. golpeó con un palo de escoba al can de 10 años, atigrado de raza mestiza, mientras este estaba peleando con otro perro en la calle Venustiano Carranza.
Posteriormente y de acuerdo con indagatorias el sujeto entró a su domicilio por un machete con el que agredió nuevamente al animal hasta causarle la muerte.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el colectivo acusó que el juez Federal Horacio Oscar Rosete Mentado, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, concedió un amparo que presuntamente favorece al señalado como agresor. La agrupación sostiene que el fallo se aparta de los hechos del caso y excede las atribuciones del juzgado, lo que —aseguran —representa un uso discrecional de la ley.
Los activistas advirtieron que esta resolución se suma a decisiones recientes que, según su postura, han beneficiado a personas investigadas por maltrato animal en el estado. Consideran que estos criterios judiciales envían un mensaje negativo a la ciudadanía y debilita la protección legal de los animales.
La organización llamó a revisar el actuar judicial y señaló que la resolución no sería un error, sino una determinación atribuible directamente al criterio del juez. También consideraron que, cuando se reinterpretan los hechos que competen al. Ministerio Público o al juez de control, desincentiva la denuncia y se genera desconfianza en el sistema de justicia.
Ante ello, solicitaron la intervención del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quienes reconocen por su postura en materia de bienestar animal. Asimismo pidieron al Consejo de la de la Judicatura Federal investigar el desempeño de juzgadores cuyos fallos afirman, estar afectando la correcta impartición de justicia.
La agrupación insistió en que la manipulación de procesos judiciales también puede constituir una conducta sancionable y subrayó su confianza en que la Fiscalía General del Estado (FGE) actúe conforme a derecho para evitar que la agresión contra Capitán quede impune.
