Desde 2018, cuando diversos sectores rurales comenzaron a exigir cambios estructurales en las políticas públicas dirigidas al campo poblano, las esperanzas de miles de campesinos y comunidades rurales han chocado con una cruda realidad: la transformación prometida sigue sin llegar.
Las declaraciones recientes del investigador Pedro Ponce Javana, de la Universidad Autónoma Chapingo, no hacen más que reafirmar lo que la población rural ha venido advirtiendo desde hace años: el abandono institucional del campo poblano no solo persiste, sino que se ha agravado. A pesar de los discursos oficiales sobre desarrollo y sustentabilidad, las cifras revelan una situación alarmante. Desde 2018, más de 600 mil hectáreas de maíz han sido perdidas, golpeando directamente la base de la alimentación nacional y dejando a más de medio millón de trabajadores del campo en la incertidumbre.
Puebla, con su vasta riqueza natural, agrícola y cultural, continúa siendo una paradoja: una tierra fértil en recursos, pero estéril en políticas públicas eficaces. En 2024, el Registro Agrario Nacional confirmó que más de 300 mil personas integran núcleos agrarios distribuidos en 1,208 ejidos y comunidades. Sin embargo, estas estructuras comunitarias no han sido escuchadas ni integradas en el diseño de estrategias gubernamentales. La voz de los campesinos ha sido ignorada en decisiones que impactan directamente su modo de vida.
Ya en 2018, múltiples organizaciones campesinas advertían que el modelo de desarrollo rural impuesto —centralizado, vertical y excluyente— estaba destinado al fracaso. Hoy, esa advertencia se confirma. Las políticas neoliberales aplicadas durante décadas, y que continuaron con ligeras variaciones en los últimos gobiernos, han fracasado en reconocer la multifuncionalidad de la agricultura, el conocimiento ancestral y el papel vital de las comunidades rurales.
Ponce Javana propone una ruta clara: un modelo de desarrollo rural sustentable con enfoque territorial, gobernanza horizontal, formación técnica, participación comunitaria e investigación aplicada. Pero este modelo aún no encuentra eco real en las políticas públicas del estado. A siete años de las primeras demandas serias por una transformación profunda, no se ha logrado materializar una política integral ni sustentable.
Las zonas rurales continúan enfrentando los mismos flagelos: desempleo, marginación, deterioro ambiental y pobreza extrema. Mientras tanto, el potencial de la región —con cultivos diversos como el amaranto, la manzana, la pera, el café, y recursos como el huevo, la miel y los bosques— sigue desperdiciado.
