El pasado 17 de noviembre de 2025, el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh condena a pena de muerte a su ex primera ministra Sheikh Hasina, al ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal y al entonces encargado de la seguridad, por los asesinatos de manifestantes en 2024, condena que ha resultado polémica.
El tribunal encontró culpable a las autoridades por crímenes de guerra y delitos contra la humanidad por el asesinato de más de mil 400 manifestantes de junio a agosto del año pasado, incluyendo a miles de heridos, crímenes que fueron documentados por la Organización de las Naciones Unidas y se acusó a las autoridades de Bangladesh por permitirlos y encubrirlos.
En 2024 Bangladesh, un movimiento encabezado por juventudes llevó a la destitución de todas sus autoridades y a establecer un nuevo gobierno, en ese momento. Las manifestaciones pacíficas buscaron exigir que sus autoridades no reservaran los puestos en gobierno para hijas e hijos de políticos. Mientras, los beneficiarios del sistema presumían lujos y excesos. El reclamo fue en contra de la corrupción.
La condena resultó polémica, ya que organizaciones internacionales señalan que se tiene que traer justicia para las víctimas, pero en este caso, el tribunal que juzgó a la ex primera ministra y a los funcionarios, esacusado de realizar juicios rápidos sin el debido proceso, como en este caso, pues se dio poco tiempo al abogado de oficio, no se presentaron a todos los testigos, tampoco a la defensa de la acusada se le permitió interrogar a todos los involucrados y no se le dio acceso a todas las evidencias.
Amnistía Internacional ha declarado que: «para hacer justicia a sobrevivientes y víctimas se requieren actuaciones judiciales ferozmente independientes e imparciales, que cumplan las normas internacionales de derechos humanos».
Añadiendo: «más de mil 400 personas fueron asesinadas y miles más resultaron heridas en julio y agosto de 2024. Para hacer justicia a sobrevivientes y víctimas se requieren actuaciones judiciales ferozmente independientes e imparciales, que cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, este juicio se ha celebrado ante un tribunal que Amnistía Internacional lleva tiempo criticando por su falta de independencia y su historial de enjuiciamientos injustos. Además, la celeridad sin precedente de este juicio in absentia y su sentencia suscita importantes motivos de preocupación respecto a las garantías procesales en una causa de esta magnitud y complejidad. Aunque Sheikh Hasina estuvo representada por un abogado de oficio, el tiempo del que dispuso para preparar su defensa fue manifiestamente insuficiente. A estos indicadores de juicio sin las debidas garantías se añaden los informes que indican que no se permitió el contrainterrogatorio de la defensa sobre las pruebas consideradas contradictorias».
En este momento, la ex primera ministra Sheikh Hasina se encuentra autoexiliada en la India. Por ello, las autoridades de Bangladesh han solicitado su extradición, pero hasta el momento, sus pares de la India no parecen estar interesados en cumplir la petición.
Por su parte, la ONU informó: «es un momento importante para las víctimas de las graves violaciones durante la represión de las protestas del año pasado», pero, «lamentamos la imposición de la pena de muerte, a la que nos oponemos en todas las circunstancias» y a su consideración, los victimarios deben de rendir «cuentas en línea con los estándares internacionales» para que «las víctimas tengan acceso a medidas efectivas de remedio y reparación».
Finalmente, esta sentencia polémica abre un nuevo capítulo en un movimiento que inició el año pasado con integrantes de la generación Z contra un gobierno autoritario. El Movimiento de la generación Z ha sido replicado por la derecha, como en en el caso de México, para recuperar sus privilegios y tratar de desestabilizar al gobierno.
Tribunal ordena pena de muerte para ex primera ministra de Bangladesh
