Un estudio elaborado a raíz del Seminario Violencia y Paz del COLMEX fundada por Sergio Aguayo, revela datos preliminares de una investigación que muestra más de 100 cuentas activas vinculadas al reclutamiento criminal, propaganda delictiva, venta de armas y trata de personas.
Este estudio revela cómo grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa usan emojis, hashtags y trends para atraer jóvenes a sus filas. Dichas cuentas promcionaban empleos fraudulentos bajo las promesas de proporcionar pagos, alojamiento y entrenamiento. El CJNG encabeza el uso de Tik Tok para estos fines utilizando hashtags como #trabajoparalamaña, #4letras, #mencho, entre otras.
“Tik Tok no es solo entretenimiento. Es también un espacio donde el crimen organizado está construyendo identidad, comunidad y promesas de pertenencia”, indica el documento.
En este preocupante marco de hechos, el pasado 5 de marzo de 2025, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán. Espacio que aparentemente habría sido utilizado como campo de entrenamiento y exterminio a manos del CJNG, una de las organizaciones más violentas y de mayor presencia en el territorio nacional.
Las fotografías y testimonios de supervivientes pusieron sobre la mesa un rumor a voces que tiempo atrás venían denunciando varios colectivos de búsqueda de desaparecidos, silenciados por el poder mediático del oficialismo y por la incompetencia burocrática del Estado: el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales.
Algunos medios de comunicación, madres buscadoras y diversos colectivos habían denunciado desde hace meses que los cárteles publicaban ofertas de trabajo a través de redes sociales como FB, X y Tik Tok. Cabe resaltar que varias desapariciones en el Valle de México ya se han relacionado directamente con ofertas fraudulentas de empleo en este tipo de plataformas. Como en el caso de Teuchitlán, las víctimas del reclutamiento “tomaban un autobús hacia jalisco para presentarse al trabajo, al paso del tiempo, no se volvía a saber de ellos”, menciona el informe del COLMEX.
La ONU, por medio de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED), ha subrayado en días recientes, que México atraviesa una crisis profunda y estructural en materia de desapariciones forzadas, con más de 127,000 personas no localizadas. Al considerar esta situación como «generalizada o sistemática», el comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que abre la posibilidad de llevar el caso, con carácter urgente, ante la Asamblea General de la ONU.
El Comité ha basado esta decisión en denuncias recibidas durante más de una década, informes y una visita realizada a México, donde se identificaron prácticas sistemáticas de desaparición, incluso con la posible implicación de autoridades municipales, estatales o federales, además del crimen organizado. Siendo el Caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco una clara alarma de la situación desbordada al respecto en el país.
Por su parte, el gobierno de México encabezado por la actual presidenta Claudia Shinbaum Pardo, el presidente de la Cámara de Senadores Gerardo Fernández Noroña y la propia presidenta de Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra muestran una respuesta totalmente absurda, violenta y revictimizadora contra las organizaciones y familiares que buscan a sus seres queridos.
En su cuenta de X, la madre buscadora y activista Ceci Flores se pronunció tras la lamentable decisión del Senado de borrar los rostros de personas desaparecidas colocados fuera de sus instalaciones. Escribió: «Borrar sus rostros, ignorar el dolor e intentar silenciar el llanto de las madres no cambia la realidad. Hay un país roto al que le urgen respuestas, soluciones, reencontrarse y reconstruirse con amor. Estoy segura que hace unos años estarías aquí afuera peleando. No intentando borrar nuestro dolor, @fernandeznorona.”
En lugar de acoger el llamado internacional para adoptar una política nacional que enfrente la desaparición de más de 127 mil personas, las autoridades mexicanas han optado por descalificar al comité de la ONU, apelando al nacionalismo y a la supuesta defensa de la soberanía. El Senado incluso ha propuesto la destitución del presidente del Comité, Olivier de Frouville, ignorando la independencia e inmunidad que resguarda a estos expertos internacionales, lo que sin duda expresa una reacción desinformada y preocupante.
