El pasado 12 de noviembre, San Luis Potosí se convirtió el estado número veintidós en prohibir las mal llamadas «terapias de conversión», además ha legislado en su contra.
Las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, se realizaron de manera unánime en el Congreso local, señalando que las «terapias de conversión» vulneran la dignidad de las personas, los derechos humanos, así como también pueden causar daños graves a la salud mental y física de las personas, o incluso llevar al suicidio de las personas, especialmente de quienes pertenecen a la población LGBTTTIQA+.
Las mal llamadas «terapias de conversión», tienen como objetivo el cambiar tanto la identidad como preferencias sexuales, para hacer a las personas heterosexuales y cisgénero, aprovechándose de personas vulnerables o en peligro, en muchas ocasiones siendo torturadas y abusadas para que las «terapias» funcionen.
Las principales sanciones serán de 2 a 6 años de prisión y multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y serán aplicadas para quienes realicen, imparta, aplique, obligue o financie las «terapias de conversión».
Dichas sanciones se duplicarán en caso de que las víctimas sean menores de edad, personas de la tercera edad o discapacitadas y también en el caso de que exista un relación de poder y subordinación entre el victimario y la víctima.
En el caso de que participe personal del sector salud, se les aplicará el Código Penal del Estado, irán a prisión y también serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años.
En la situación particular de que participen padres, madres o tutores en el proceso, las penas serían las previamente mencionadas, además, la jueza o juez de control tendrá la facultad de imponer más sanciones.
Finalmente, organizaciones de derechos, activistas han aplaudido esta medida, señalando que se tendrían que encontrar vigente en todos los estados y sancionar a quienes lleven a cabo estas medidas.
San Luis Potosí prohíbe las mal llamadas «terapias de conversión»
