El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, ha sido recientemente el centro de atención debido al descubrimiento de un presunto campo de exterminio y entrenamiento del crimen organizado. Este hallazgo ha generado una profunda indignación entre colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, quienes exigen respuestas y acciones concretas de las autoridades.
El 20 de marzo de 2025, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía de Jalisco organizaron una visita al Rancho Izaguirre, permitiendo el acceso a madres buscadoras, colectivos, activistas y medios de comunicación. Durante el recorrido, las madres expresaron su frustración al no encontrar evidencias significativas, ya que, según ellas, las autoridades habían retirado previamente posibles pruebas. Una de las buscadoras exclamó: «Aquí ya no hay nada, ya lo han sacado todo», reflejando la desilusión colectiva.
La falta de organización y logística durante la visita también fue motivo de críticas. El colectivo «Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco» denunció «indolencia y negligencia» por parte de las autoridades, señalando que dos madres buscadoras fueron abandonadas tras acudir al baño, quedando desprotegidas en una zona de alta vulnerabilidad.
Además, se reportó que las madres buscadoras rompieron el cerco de seguridad impuesto por las autoridades para acceder al rancho, evidenciando la desesperación y el hartazgo ante la falta de respuestas efectivas.
Este caso ha resaltado la necesidad urgente de mejorar la coordinación entre las fiscalías y los servicios forenses en todo el país. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció reformas para unificar y fortalecer los registros de identificación y forenses sobre personas desaparecidas, buscando facilitar la identificación de víctimas y agilizar los procesos de investigación.
El descubrimiento del Rancho Izaguirre y las posteriores denuncias de las madres buscadoras subrayan la crisis de desapariciones forzadas en México y la urgencia de acciones concretas por parte del Estado para atender las demandas de justicia de miles de familias afectadas.
