Después de que el pasado miércoles 12 de marzo miles de personas en Argentina salieron a marchar con las y los jubilados, la jueza federal Karina Andrade liberó a 114 manifestantes, y el día de hoy —tanto a quienes liberó, como ella—, son perseguidos por el gobierno de su país.
En la pasada manifestación se destacó la presencia de las barras de distintos equipos de fútbol, sumado a que el gobierno del derechista, capitalista y casi fascista Javier Gerardo Milei y su secretaria de seguridad Patricia Bullrich respondieran con las fuerzas de seguridad a través del uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, persecusión de manifestantes, agresiones físicas, uso de balas de goma y tanquetas de agua para detenciones arbitrarias; además de detener personas heridas e inclusive que el fotoperiodista Pablo Grillo se esté debatiendo entre la vida y la muerte.
Estos hechos han provocado, a lo largo de los últimos días, que manifestantes, ciudadanía, activistas y medios de comunicación exijan la renuncia o destitución de manera inmediata de Bullrich, a quien señalan que durante años en distintos gobiernos han hecho uso de diversos método de represión, que no le han dificultado el seguir llegando a los distintos gobiernos.
Ayer la jueza federal Karina Andrade daba a conocer que debido a la solicitud de las defensa de las y los manifestantes detenidos, analizó la documentación que presentó tanto la policía, como la fiscalía de su país y por ello denunció encontrar información incompleta.
En esta la jurista señalaba que quienes se manifestaron ejercían sus derechos; pero en el grupo de 114 personas detenidas, agregó que en la mayoría de los casos, no se mencionan los delitos por los que se les imputan: lugar, hora de detención, condiciones por las que se realizaron los operativos, entre otros temas fundamentales.
En la resolución de Karina Andrade se lee: «a raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión. En un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación, como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente».
Añadiendo: «se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades y a la libertad de expresión».
Y enfatizó en que: «nuestra Constitución reconoce el derecho a la protesta, el cual incluye el derecho a manifestarse, a circular libremente, a peticionar y a criticar a las autoridades. En democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales».
Es por eso que esta mañana, el gobierno de Milei, a través de la ministra de seguridad, Bullrich –tal como amenazaba el día de ayer– hoy presentaron una denuncia contra la jueza y los manifestantes.
A la jueza la acusan de realizar los procesos de manera rápida e indebida, por lo que le solicita al Poder Judicial de su país que la destituya. En el caso de las y los manifestantes, se les busca imputar por los delitos de «sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática».
Agregando que: «los grupos llegaron al lugar premunidos de armas blancas, objetos incendiarios y clavos tipo ‘miguelito’, causando daños y lesiones graves». Mientras, como ayer la jueza señalaba, en las acusaciones no se presentó la documentación al respecto ni evidencia de que ello ocurriera.
Finalmente, se espera que sigan creciendo las manifestaciones contra el gobierno del derechista y su ministra de seguridad, y más con las acciones recientemente tomadas, dónde todavía se busca revictimizar a los señalados, al igual que intervenir de manera directa en el Poder Judicial Argentina.
Jueza libera a manifestantes en Argentina; gobierno busca destituirla
