Angélica Luna Jiménez lleva 10 días separada de su hijo, Malik, un bebé de un año y tres meses que fue sustraído violentamente por su progenitor, Luis Enrique N, quien es funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla y trabaja para la diputada local Azucena Rosas Tapia. A pesar de haber cometido violencia vicaria contra Angélica, este hombre, que también cuenta con una denuncia previa por violencia familiar, ha sido favorecido de manera indebida por la jueza que emitió el acuerdo de custodia y que no ha exigido la presentación del pequeño; por la Comisión de Búsqueda del Estado que bajó la ficha de búsqueda aunque la mamá no sepa el paradero del bebé; y sobre todo por la Fiscalía de Puebla, la cual incluso amenazó a Angélica diciéndole que si no retiraba su denuncia, ellos le quitarían a su bebé a ambos padres y lo llevarían al sistema DIF.
En rueda de prensa, Angélica Luna Jiménez, acompañada de su nueva abogada Montserrat Lydia González Fernández y colectivas contra la violencia de género, expuso los pormenores de este caso en el que ha sido sometida a violencia institucional por parte de diversas instancias que han incumplido su deber de garantizar el interés superior de las infancias; exigiendo a las autoridades enmendar esta situación y priorizar la pronta localización del bebé y la protección de su integridad
La noche del pasado 15 de julio, Luis Enrique N., quien labora dentro de la dirección técnica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria de la SEP y es comisionado de esta misma ante el Congreso del Estado, se llevó a Malik de su casa, ubicada en la calle 111 Poniente 1538, en la colonia Galaxia La Laguna, y no ha dejado que su mamá tenga contacto alguno con el pequeño, ni le ha dejado conocer su paradero o situación física y emocional. Actos de violencia vicaria que son agravados por el alto riesgo que existe de que el papá saque del país al menor, dado que ambos cuentan con pasaporte, tienen familia en Canadá y las autoridades no han emitido órdenes de detención contra el padre ni una alerta Amber para el pequeño.
Una cadena de negligencias que evidencian que en Puebla hay una crisis de violencia vicaria e institucional
El día de ayer, la violencia vicaria que enfrenta Angélica se volvió un tema conocido a nivel nacional, luego de la detención de su abogado tras un conflicto desatado presuntamente por el abogado del progenitor, sin embargo, el enfoque de algunos medios se ha quedado en el caso del legista (para él cual la señora Angélica pide justicia), debido a que es ampliamente conocido por haber tramitado amparos contra las reformas conocidas como la Ley de Ciberseguridad en Puebla, cuando en realidad es sólo la más reciente muestra de la vulnerabilidad en la que están dejando a esta madre, en favor del acusado; pues la indicación que se le dio en la Fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres, de recurrir a un abogado de oficio cuando su representante legal fue detenido, constituye la segunda ocasión en la que una autoridad hace caso omiso de la necesidad que tiene de asesoría legal especializada en la materia; habiendo sido la primera la etapa en la que, bajo amenazas de su agresor y su equipo legal, ella se vio presionada a llegar un acuerdo de custodia compartida que, en una situación de justicia y verdadero enfoque de género, tendría que haberla favorecido a ella y no dar la oportunidad ahora concretada de que el padre sustrajera al niño.
La abogada Montserrat Lydia González, quien ha tomado el caso de Angélica tras el arresto de su anterior representante, puntualizó que la jueza encargada del acuerdo de custodia cometió la falta de no exigir la presentación del bebé en el momento mismo en que fue hecho de su conocimiento que el padre violó el acuerdo; siendo esta una de sus responsabilidades para garantizar el bienestar superior del infante.
Por otra parte, la legista también señaló que, además de haber violentado a Angélica al amenazarla con llevar al niño al DIF si no retira su proceso, la Fiscalía -donde el abogado del acusado segura tener contactos de alto nivel- no ha otorgado medidas efectivas de protección para la madre ni ha exigido la presentación del bebé.
Finalmente, señalaron que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se ha sumado a la vulneración de Malik y su madre, pues no sólo no se ha emitido una Alerta Amber, sino que la ficha de búsqueda que se sacó inicialmente por parte de esta Comisión, fue retirada a petición del agresor, aunque legalmente el estatus del pequeño debe ser de desaparecido en tanto uno de sus progenitores con tutela no tenga informes sobre su paradero.
Ante este panorama de continuas violaciones a los derechos del infante y de revictimización de Angélica Luna Jiménez, ella y sus representantes legales plantearon cuatro exigencias concretas:
1 La localización inmediata de Malik y su restitución a la guarda y custodia de su madre
2 Medidas de protección urgentes para Malik y Angélica.
3. Que se investigue y sancione a Luis Enrique N. por la sustracción violenta, la violencia doméstica previa y la violencia vicaria.
4 Que se evidencie la violencia institucional ejercida por la Fiscalia y se garantice la actuación con perspectiva de género y enfoque en el interés superior de la niñez
