El día de ayer el juez federal de California William Orrick emitió un fallo por el que prohíbe al presidente fascistas de Estados Unidos (EUA), Donald John Trump, econgelar o quitar fondos federales a las ciudades y condados santuarios.
El fallo se da después de que San Francisco del estado de California y más de doce municipios denunciaron legalmente al gobierno federal, puntualizando en que eran amenazados de que si, no cooperaban con la detención de migrantes, les quitarían recursos federales.
«Quedan por la presente restringidos y prohibidos tomar directa o indirectamente cualquier acción para retener, congelar o condicionar fondos federales de las ciudades y condados», se lee en el fallo del juez Orrick.
Las ciudades santuario son aquellas que no colaboran con el gobierno federal de EU o el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) para proporcionar inteligencia en torno a las y los migrantes sin papeles o hasta ayudar a la detención de las y los mismos.
Por ello, las ciudades que gozan de esa clasificación son concurridas por la comunidad migrante, ya sea para vivir, conseguir trabajos relativamente mejores, poder estudiar y ser apoyados por el gobierno sin un temor grande de ser perseguidos por las instituciones gubernamentales.
La defensa legal de la Casa Blanca en el juicio trató de argumentar que era muy rápido este fallo y que el juez no había estudiado a fondo el decreto del mandatario fascista; a lo que Orrick contestó que las leyes que protegen a las ciudades santuario son claras y hay fallos anteriores que les defienden.
«Las ciudades y condados también han demostrado la probabilidad de sufrir daños irreparables ya que la amenaza de retener la financiación les causa un daño irreparable en forma de incertidumbre presupuestaria, privación de derechos constitucionales y socavamiento de la confianza entre las ciudades y condados, y las comunidades a las que sirven», enfatizó el juez federal.
Finalmente, Stephen Miller, el subjefe de gabinete de Trump, dijo en X que el «golpe (de Estado) judicial continúa». A lo que las redes le han contestado que en realidad se busca seguir las leyes preexistentes, así como se defienden los derechos humanos y el desarrollo de la ciudadanía que se encuentra en la nación vecina del norte.
