Esta mañana, la jueza Lisa Walsh del Circuito 11 Judicial de Florida ha emitido una sentencia por la que ordena pagar más de 2 mil 500 millones de dólares (mdd) al exsecretario de seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna y su esposa, esto por un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno, presuntamente auspiciada por García Luna.
El imputado ha sido condenado a pagar 748 millones de dólares por haber realizado contratación ilegal, mientras que su esposa Cristina Pereyra pagará un monto mayor, de mil 740 millones de dolares, quien está acusada por su participación en el delito previamente mencionado, así como ocultar el recurso.
La demanda fue presentada por el gobierno mexicano en el tribunal de Miami, Florida, el pasado 21 de septiembre de 2021, donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a García Luna de tener una red de corrupción, por la que se le dieron a más de 30 contratos en materia de seguridad al conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, hechos ocurridos en el gobierno de Felipe Calderón.
Los contratos se acusa que fueron realizados de manera opaca, con sobrecostos, algunos a empresas fantasmas e inclusive el pago de sobornos, lo que provocó un daño al erario por más de 746 millones de dólares a las arcas públicas.
La UIF también señala que el recurso habría sido llevado a Miami para que ahí fuera lavado y después sacado de Estados Unidos (EUA) por medio de su esposa.
La defensa legal de la UIF señaló que: «un demandado que incurre en una falta por no responder a la demanda inicial del demandante admite los hechos bien fundamentados y consciente en el alivio solicitado en la demanda».
Añadiendo que «desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección, a través de un esquema ilegal de contratación gubernamental, obtuvieron ilegalmente al menos 250 millones de dólares del gobierno mexicano y transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados en las propiedades en cuestión. En total, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección recibieron 580 millones de dólares por los contratos ilegales».
Finalmente, la jueza Walsh ha ordenado a la defensa de Luna y Pereyra el comenzar a contabilizar sus propiedades y recursos, para que el gobierno mexicano pueda empezar a incautar y así recuperar los dos mil quinientos millones de dólares.
