El pasado 1 de mayo del año en curso, en el marco internacional del Día del Trabajo, Marath Baluch Bolaños, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que por mandato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se iniciarán los trabajos para lograr la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas laborales, esto se haría de manera paulatina a más tardar en enero de 2030, lo que ha causado opiniones encontradas.
Primeramente, se dio a conocer que del 2 de junio al 7 de julio se realizarán foros con empleados, el sector empresarial y académicas y académicos para dialogar sobre la propuesta de reforma.
Baluch Boloñanos señaló que la meta «es construir en colectivo, un modelo justo y eficaz para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México», dijo.
Puntualizando en que hay: «que tenerlo claro, como lo han probado científicamente economistas, empresarias, empresarios, trabajadoras y trabajadores; reducir las horas de trabajo no disminuye la productividad ni reduce el valor generado».
Estas acciones han provocado opiniones divididas; hay quienes celebran que ya iniciarán las discusiones al respecto y se logrará cubrir la deuda histórica, mientras que otros sectores critican que se vaya a hacer de manera paulatina.
Por su parte, el Frente Nacional por las 40 horas ha cuestionado a quien o quienes busca beneficiar el gobierno federal para instaurar una jornada de manera paulatina. Através de un comunicado señalaron que: «A qué consenso se refieren, pues una cantidad considerable de personas de la clase trabajadora Ilevamos pidiendo desde hace años la reducción, ¿a caso todo el charrismo sindical sentado nos supere en número?».
Añadiendo que: ¿A quiénes buscaron tranquilizar y mantener con sus privilegios e impunidad?, ¿es esta su democracia?.
Resaltando que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) presume programas sociales, pero que no se actúa en profundida contra los abusos al sector laboral, poniendo como ejemplo: «el programa de jóvenes construyendo el futuro, (el cual) ha sido la panacea con un 70% de colocación, mientras mantiene la vulneración de derechos laborales».
Enfatizando en que: «¿Sí la decisión pretende ser un acto de justicia? Entonces les tenemos que recordar que la justicia tiene que ser rápida y expedita. Más de 100 años ha tenido la clase empresarial para ofrecer mejores vacantes y mejores condiciones laborales».
Criticando al gobierno ya que, señalan que el mismo ha otorgado distintas concesiones al sector empresarial, por ejemplo: «con la aprobación de la ley silla, se les ha privilegiado con un tiempo exageradamente amplio para la colocación de sillas».
Finalizando su comunicado con el pronunciamiento de: «¡40 horas ya, inmediatas, sin gradualidad y sin más fraudes!».
