El día de ayer, el medio de comunicación de «The Associated Press» informó que Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos (EUA), autorizó que por lo menos 600 abogados militares sean convertidos en jueces temporales de migración.
La medida prevé que la próxima semana se integren 150 abogados militares a estas nuevas actividades y, a lo largo de las próximas semanas, se vayan integrando cientos más para lograr la cifra de 600 abogados militares asumidos como jueces de migración.
La medida ha resultado sumamente criticada y controversial, integrantes del Poder Judicial estadounidense y activistas han destacado que las y los jueces temporales cuentan con una preparación importante, para empezar, durante semanas cuentan con una capacitación exhaustiva y que después de ella, durante dos años, tienen tutoras o tutores que les acompañan y revisan sus casos, para después dejarles trabajar en solitarios, pero las y los abogados militares no cuentan con esta experiencia ni capacitación.
The Associated Press también ha registrado que, por lo menos 100 abogadas y abogados de migración, han renunciado o «se han ido voluntariamente después de aceptar las ofertas de renuncias diferidas del gobierno federal», informa su sindicato.
Solamente en junio, 17 juezas y jueces de inmigración fueron despedidos «sin causa» en distintos tribunales a lo largo de EUA, lo que ha sido denunciado.
Actualmente existen aproximadamente 600 juezas y jueces de inmigración, con los 600 que añadirá el departamento de Defensa de Estados Unidos, así se duplicará el número de los jueces de inmigración.
La medida tiene como fin la deportación masiva de Donald Trump en contra de la comunidad, sin importar que cuente o no con papeles, algo que ha estado realizando a lo largo de su gobierno, mientras que se hace uso de la fuerza excesiva para detener migrantes y enviarles como criminales a sus países de origen.
Finalmente, la medida ha sido sumamente criticada, mientras el gobierno fascista de Estados Unidos, encabezado por Donald John Trump se ha valido tanto del ejército como de la Guardia Nacional para tareas básicas y complejas, con lo que se señala que las medidas autoritarias van en aumento, pero las acciones que se realizan no son con las perspectivas y medidas necesarias.