En menos de un mes, la organización internacional ARTICLE 19 ha documentado y acompañado tres casos de agresiones contra periodistas en el estado de Puebla. Las denuncias incluyen desde amenazas hasta estigmatización pública por parte de autoridades, lo que ha encendido alertas sobre el deterioro de la libertad de expresión en la entidad.
El primer caso corresponde a Ruby Soriano, periodista independiente, quien el pasado 25 de febrero recibió una medida cautelar por parte del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE), que le exigió eliminar una publicación en la red social X. En el mensaje, Soriano cuestionaba las alianzas partidistas de la diputada Elvira Graciela Palomares. A pesar de que el propio IEE reconoció que la crítica se centraba en asuntos de interés público, determinó que las reacciones de terceros usuarios podrían constituir violencia política de género, lo cual justificó la medida.
Días después, el 20 de marzo, Soriano fue víctima de una amenaza directa: encontró un arma de juguete en el parabrisas de su automóvil. ARTICLE 19 y la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) solicitaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas que otorgue medidas de protección y urgieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla a investigar el caso.
El segundo caso involucra a Miryam Vargas Teutle, radialista comunitaria de Cholollan Radio, quien ha sido blanco de una campaña de desprestigio en redes sociales y actos de hostigamiento por parte de autoridades locales de San Bernardino Tlaxcalancingo y del municipio de Cholula. Entre el 1 y 2 de abril, se difundieron imágenes suyas en redes con mensajes que desacreditaban su labor. Además, recibió mensajes intimidatorios y fue advertida de que, si no pagaba por el espacio radiofónico que utiliza la estación comunitaria, esta sería clausurada. Desde entonces, una patrulla ha permanecido frente a su domicilio. Estos hechos se dieron tras una denuncia sobre despojo de tierras por parte de autoridades locales.
ARTICLE 19 recordó que los medios comunitarios indígenas son esenciales para el derecho a la información y pidió que se garantice la seguridad de Vargas Teutle, así como la permanencia de la radio.
El tercer caso se refiere a Rodolfo Ruiz, director del portal e-consulta, quien fue acusado por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, de encabezar una “red de delincuencia cibernética”. Las acusaciones se emitieron el 7 de abril en una conferencia de prensa, donde el mandatario también pidió a la Fiscalía del estado iniciar una investigación por violencia de género y difamación. ARTICLE 19 advirtió que este tipo de señalamientos pueden fomentar más agresiones, tanto en línea como físicas, cotra los periodistas.
Según su informe anual, ARTICLE 19 reportó que Puebla se ubicó en 2024 como la cuarta entidad del país con más agresiones documentadas contra la prensa, con un total de 33 casos.
La organización exigió a las autoridades locales y estatales que se abstengan de utilizar recursos públicos para limitar el ejercicio periodístico, y reiteró la necesidad de establecer garantías reales para el trabajo de periodistas en el estado.
