El día de ayer, en el Congreso de Puebla, la diputada Maria de la Barreda Angón, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso la «Ley Adán Domínguez», con la que se buscaría la inhabilitación perpetua y una pena de cinco, hasta quince años de prisión para las y los funcionarios públicos quienes dañen el erario público.
La legisladora señaló que la propuesta de ley que presentó, tiene como objetivo evitar la crisis en la que se encuentra el actual ayuntamiento, encabezado por José Chedraui Budid, quien heredó, de la anterior administración de Eduardo Rivera y Adán Domínguez, un hoyo financiero de más de 600 millones de pesos, el cuál se ha señalado que repercutirá de manera negativa la operatividad del municipio, y por ende, a la ciudadanía.
A lo que señaló: «el compromiso indebido de recursos destinados a administraciones futuras y la violación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera dejaron a Puebla sumida en un déficit que lastimó profundamente la viabilidad operativa del municipio».
Añadiendo que: «estas decisiones irresponsables son una afrenta directa al bienestar de las familias poblanas, y como representantes del pueblo, es nuestra obligación ponerles un alto a las acciones irresponsables».
Agregando desde tribuna: «presento una reforma que busca incluir en el Código Penal la inhabilitación perpetua como una sanción penal para los servidores públicos que actúan con dolo que causan un daño grave a las finanzas públicas».
Detallando, que esta ley, también esta diseñada con el objetivo de poder analizar como se entrega la administración de ayuntamiento, a ayuntamiento, y sí se encuentra que fueron comprometidos los recursos de la administración venidera sin el análisis ni autorización correspondiente, se podría aplicar esta propuesta de norma.
Finalmente, señaló que dicha ley permitirá resarcir el daño hecho por las y/o los servidores públicos, ya que les permite mientras se lleva acabo el proceso judicial, regresar todo el recurso dañado, y de esta manera poder regresar el buen funcionamiento a la administración, así como evitar la prisión de las personas implicadas.
