El día de ayer, durante una rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta propuso someter a los violadores a una castración química para “reducirles el libido”.
“Voy a proponer desde Puebla la castración química contra los delincuentes sexuales, me van a llamar la atención, pero lo vamos a proponer a nivel local», anunció.
A pesar de las críticas por la vulneración a los derechos humanos, esta es una propuesta que el político presentó desde que era Senador por el estado de Puebla.
Según lo dicho por él, esta propuesta surgió después de haber tenido diversos acercamientos con personas víctimas de abuso sexual.
Armenta señala que, a pesar de cumplir con su condena en prisión, los violadores aún tienen libido por lo que podrían volver a delinquir, por lo que una solución definitiva sería la castración química.
Sin embargo, la propuesta que busca presentar el gobernador es inconstitucional, debido a que en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa: «Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la cosificación de bienes».
La castración química limita la producción de testosterona en el cuerpo a través de medicamentos inyectados periódicamente o en pastillas diarias, por lo que es una intervención que podría ser considerada como una forma de pena cruel y degradante, especialmente si es impuesta sin el consentimiento del acusado y de forma obligatoria.
Además de que no existen suficientes estudios con rigor científico que avalen la efectividad de este método en la reducción de delitos sexuales, ya que el libido es solo uno de los factores que propician el abuso sexual.
Este es un método que organizaciones en pro de los derechos humanos han criticado por ir en contra de las garantías fundamentales de los seres humanos y por no tener suficientes pruebas sobre su efectividad.
Castración química propuesta por Armenta atenta VS Derechos Humanos
