El pasado martes el proto dictador de ultraderecha, mandatario del Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer que impulsará la «Ley de Agentes Extranjeros», con la que aplicará un impuesto del 30% a los ingresos de las ONGs, mientras persigue y detiene a ambientalistas y activistas.
«He decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones», publicó Bukele en su cuenta de X (antes Twitter).
Bukele no dió a conocer más información sobre su propuesta, pero se espera que esta sea aprobada sin complicaciones, ya que su partido cuenta con la mayoría en el congreso.
Ya hay quienes han comparado estas acciones con las que tomó el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, quien en un primer instante cobró altos impuestos a ONGs y después ilegalizó miles de ellas.
ONGs, activistas, luchadores de derechos humanos, ciudadanía y opositores a Bukele han acusado que estas medidas son diseñadas para perseguir el activismo y no permitirle operar.
El subdirector de Human Rights Watch (HRW) para América, comentó en su cuenta de X: «como hicieron (Daniel) Ortega en Nicaragua, (Nicolás) Maduro en Venezuela y (Vladímir) Putin en Rusia, Bukele propone una ley de ‘agentes extranjeros’ para atacar a las organizaciones de sociedad civil y medios independientes en El Salvador».
La decisión de presentar esta ley se da después de que el pasado lunes, más de 300 familias realizaran una manifestación pacífica a 500 metros del exclusivo complejo residencial «Los Sueños» en el que vive Bukele junto su familia, y se construye una nueva casa presidencial con un valor de más de 1.4 millones de dolares.
Las y los manifestantes solicitaron la intervención del derechista para que les apoye evitando su desalojo, quienes por una orden judicial serán desalojados el próximo 22 de mayo por presuntamente ocupar durante décadas de manera ilícita sus predios.
Al rededor de las ocho de la noche se presentó policía militar en el lugar, junto con agentes de la Seguridad Pública, quienes con escudos antimotines, macanas y demás equipo disolvieron la manifestación, golpearon a sus integrantes, sin importarles las personas de la tercera edad e infancias que se encontraban en el lugar.
Lo ocurrido fue cubierto por distintos medios de comunicación, quienes dieron cuenta de lo que ocurría y denunciaron a través de sus redes las violaciones a los derechos humanos e inclusive documentaron cómo los líderes campesinos José Ángel Pérez y Gustavo Castro eran detenidos, llevados a una patrulla contra su voluntad, con la cabeza a la altura de la cintura, los brazos detrás de sus cuerpos y uno de ellos gritaba «¡No, no, no, por favor, no!» y el otro le trataba de abrazar.
En la noche de ese día fueron liberados cuatro de los cinco líderes, quienes mostraron moretones y lesiones e inclusive algunos denunciaron torturas. El presidente de la comunidad «El Bosque», José Ángel Pérez sigue detenido.
A la mañana siguiente continuaron las persecuciones, la primera se suscitó contra el activista, ambientalista y abogado de la comunidad «El Bosque», José Ángel Pérez, quien fue detenido saliendo de su oficina por más de una docena de agentes, la mayoría portaban armas de fuego de alto calibre y le acusaron de incitar al desorden y las manifestaciones.
Ese mismo martes también policías acudieron a la comunidad de «El Bosque», tocando puerta por puerta para detener a las y los manifestantes quienes actuaron de manera pacífica y después fueron reprimidos por la policía militar. Diversos sectores se han manifestado contra todas las detenciones, señalando su ilegalidad y muestra del gobierno autoritario del Salvador.
El uso de la policía militar para reprimir a manifestantes es algo sin precedentes que no había ocurrido en tiempos modernos, después de que hace ya más de tres décadas, se firmaran los acuerdos de paz.
Finalmente, no es la primera vez que el casi dictador del Salvador, Nayib Bukele persigue opositores, durante el periodo de estado de excepción en el que se acusa que han sido violados los derechos humanos, periodistas y activistas que se han mostrado en contra, han sido detenidos o sus familiares.
Bukele otra vez persigue a opositores; cobrará 30% de impuestos a ONGs
