Al inicio de junio, el mes en que los colores del orgullo tiñen avenidas, perfiles y pancartas, es preciso no olvidar que bajo cada consigna festiva palpita una historia de agravio, y bajo cada paso en la marcha se arrastra, aún sin justicia, el peso de una represión que no ha terminado: se disfrazó, se omitió, se institucionalizó en la indiferencia.
La publicación del segundo volumen del informe “Fue el Estado (1965-1990)”, elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), desentierra lo que por décadas fue convenientemente ocultado: un régimen que persiguió, encarceló, torturó y asesinó a mujeres trans en la Ciudad de México bajo la bandera hipócrita del “orden público” y la “moral social”.
Este documento no es solamente un archivo del horror. Es una memoria viva que exige atención, una radiografía del desprecio estructural con el que el Estado mexicano ha tratado a las disidencias sexo-genéricas. Es también una alerta: el pasado no se fue, vive en la impunidad.
La policía y la nación del castigo
Entre 1965 y 1990, en nombre de una “seguridad nacional” que se convirtió en pretexto para todo, el Estado erigió una maquinaria de represión que operó con precisión de exterminio. En sus engranajes, las mujeres trans fueron el blanco preferente, convertidas en enemigas internas por el simple acto de vivir su identidad.
“Desviadas”, “peligrosas”, “subversivas”. Así se les nombraba en las redadas, en los informes policíacos, en las columnas editoriales que se sumaban a la cruzada moralista. Y bajo esos adjetivos se justificaron extorsiones, palizas, desapariciones, y una violencia sexual tan sistemática que no admite otro nombre más que el de crimen de Estado.
Hablar hoy de Alaska o de Tlaxcoaque no es evocar nombres pintorescos del paisaje urbano. Es nombrar centros de detención clandestinos donde las mujeres trans, muchas de ellas adolescentes, fueron sometidas a prácticas de tortura, violación y desaparición forzada a manos del gobierno mexicano, sus instituciones y personal. Gabriela Elliot, una de las voces fundamentales del Archivo de la Memoria Trans, lo sintetiza con la crudeza del sobreviviente: “¿Cuál fue mi juventud, mi adolescencia? Pura cárcel.”
En la memoria popular, la Zona Rosa fue el epicentro del libertinaje y la disidencia, pero para las mujeres trans, fue el escenario del castigo. Ahí se ejecutaban las razzias, esa palabra que suena a relámpago represivo, donde la policía irrumpía, golpeaba, detenía y negociaba la libertad a cambio de dinero, favores o silencio.
Muchas que no podían pagar el precio de la “libertad negociada” terminaban en El Torito o en Alaska, o peor aún, arrojadas sin nombre al Ajusco o al Río Lerma. Las cifras, como siempre en los márgenes, son inciertas. Pero la ausencia de datos no significa ausencia de crímenes; sólo habla de lo bien que ha funcionado la impunidad.
La lucha y la herida abierta
Frente a esta violencia institucionalizada, la resistencia fue un acto de supervivencia. Las mujeres trans no sólo resistieron el dolor físico, sino la exclusión, el hambre, el desprecio social y el borrado histórico. Su mera existencia pública fue un acto político.
El Movimiento de Liberación Homosexual, fundado en 1978, intentó canalizar el hartazgo. Sin embargo, como recuerda el informe, la participación de mujeres trans fue limitada no por falta de voluntad, sino por un sistema clasista, racista y transfóbico. Ellas, que no podían “esconderse” tras un clóset aceptable, llevaron el cuerpo como protesta y como blanco.
Y aunque en 1980 entregaron cartas a Arturo Durazo entonces a cargo de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal (DGDPyT) exigiendo el fin de las redadas, la respuesta fue más represión. Pero también, sin saberlo, sembraron las semillas del orgullo: no del que vende camisetas, sino del que exige justicia.
El informe del MEH no es una exhumación del pasado: es la confirmación de una herida abierta. El hecho de que estas historias no figuren en libros de texto, que sus nombres no estén en placas conmemorativas ni en discursos oficiales, que sus familias no hayan podido reclamar sus cuerpos ni sus memorias, es el eco de una impunidad que aún grita.
Hoy que iniciamos junio, no basta con ondear banderas ni multiplicar filtros de arcoíris. Como medio comprometido con las minorías, como espacio de contranarrativa, tenemos la responsabilidad de recordar a quienes no fueron recordadas. No por nostalgia, sino por justicia.
Porque mientras sus nombres sigan desaparecidos, la lucha sigue vigente. Porque los cuerpos de las mujeres trans asesinadas no son estadísticas ni “historias tristes” del pasado, son la evidencia de un presente que se niega a corregir el horror que sembró.
En este diario recordamos que ha sido hasta junio de 2023 durante la marcha del orgullo LGBTTTIQ+ en la CDMX dónde un colectivo exigió justicia por las víctimas del pasado y del presente.
Porque lo que no se nombra, no existe.
Y lo que no se recuerda, se repite.
Nota: Para una revisión más profunda del archivo silenciado por el Estado mexicano sobre las desapariciones forzadas de mujeres trans realizada por el MEH y documentada en este medio sírvase de la siguiente liga: https://infoquorum.com/politica/el-estado-mexicano-tambien-torturo-a-comunidad-trans/
