La noche del 30 de mayo, un despliegue de 50 elementos de la Guardia Nacional y policías capitalinos interrumpió con armas largas el concierto de Fermín Muguruza fundador de la icónica banda de ska punk vasco KORTATU en el Multiforo Alicia, espacio emblemático de cultura autogestiva en Santa María la Ribera, en el corazón del país.
Aunque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificó el operativo como “desproporcionado” y atribuyó la responsabilidad a dos mandos medios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las versiones oficiales omiten la participación activa de Pablo Vázquez, titular de la SSC, quien confirmó el relevo de los funcionarios sin explicar su propio rol en la cadena de mando.
Ignacio Pineda, fundador del recinto, documentó en un video que horas antes del evento un inspector de la Alcaldía Cuauhtémoc amenazó con clausurar el foro por supuestas irregularidades administrativas, pese a contar con licencia vigente desde 1995. “Exigieron un plan de protección civil con 10 días de anticipación, algo que ninguna normativa exige para eventos culturales”, denunció Pineda, quien además negó que el aforo —de 400 personas en un espacio para 600— justificara la intervención.
Brugada insistió en que el operativo respondió a una denuncia vecinal por aglomeración, pero la alcaldía Cuauhtémoc se deslindó: “No participamos ni solicitamos la intervención militar”, declaró Alessandra Rojo de la Vega. La contradicción expone fisuras en la narrativa gubernamental, pues movilizar al Ejército requeriría coordinación interinstitucional, no solo la decisión unilateral de mandos medios.
Pineda reveló que, durante el concierto, un convoy con vehículos blindados rodeó el foro y prohibió la entrada y salida de asistentes sin presentar órdenes escritas. “Fue un acto de provocación para generar violencia, pero elegimos desalojar pacíficamente”, afirmó en su testimonio, respaldado por videos que muestran a los asistentes saliendo sin incidentes.
“Se trató de un acto de provocación. Querían detenidos, querían violencia, querían golpear gente, querían la nota roja. (…) Solicitamos que se esclarezca [este hecho] ¡la cultura no es un lujo, es un derecho!” sostuvo el fundador del Alicia en redes.
La secretaria de Cultura, Ana Francis López, anunció mesas de diálogo y un concierto de desagravio con Muguruza, mientras diversos colectivos culturales exigen garantías jurídicas para espacios independientes. Cabe recordar que en días pasados este medio documentó la dura crítica expresada por el cantante vasco, quien rápidamente se percató de las posibles repercusiones de la entrada de elementos castrenses a un evento de este tipo: “Policía, Guardia Nacional y ejército amenazaron con intervenir cuando estábamos actuando en el Foro Alicia. Pudo haber ocurrido una masacre.” expresó en redes.
Mientras Brugada promete “revisar protocolos”, su gobierno no explica cómo dos mandos medios movilizan al Ejército sin autorización superior, ni por qué Vázquez evade explicaciones públicas. La opacidad refuerza las sospechas de que el operativo fue una represalia política contra un espacio crítico, disfrazada de acción de seguridad.
La demanda de Pineda y la comunidad cultural trasciende el incidente: buscan desmantelar un sistema que usa herramientas administrativas y fuerza militar para silenciar disidencias. “La cultura no es un lujo, es un derecho”, insistió el gestor, cuya denuncia en redes llegó casi al medio millón de visitas.
En un contexto dónde la vuelta a la censura cultural se ha vuelto norma, dónde las expresiones contestatarias y crudas que narran una realidad mundial que nos muestra espejos de la hidra capitalista, del facismo ascendente, del maquillaje de la injusticia generalizada, el punk no ha muerto, pero si ha sido golpeado. Al menos cabe la pregunta ¿estamos regresando a las represiones estatales de los años setenta?
