El Congreso de Puebla discute una iniciativa que pretende regular el ejercicio del periodismo y a simple vista, la propuesta parece bienintencionada: “garantizar los derechos de quienes ejercen esta labor y ofrecerles mecanismos de protección”; así que propongo hagamos juntos un análisis más profundo a la propuesta legislativa.
Y es que, la presentación del proyecto de Ley, podría revelar riesgos potenciales al ejercicio periodístico y que pueden comprometer tanto la libertad de expresión, como el derecho a informar.
Uno de los puntos más cuestionables de la llamada “Ley que Establece los Derechos para el Libre Ejercicio del Periodismo” es el apartado sobre ética. Si bien la responsabilidad periodística es fundamental, imponer un marco normativo que determine cómo se debe ejercer la profesión podría abrir la puerta a interpretaciones discrecionales y en el peor de los casos, a la censura.
Ahora bien, la ley en propuesta, contempla sanciones civiles para periodistas que supuestamente causen daños a la reputación de funcionarios o particulares.
Aquí, la ausencia de criterios claros para determinar la intencionalidad del periodista y la veracidad de la información deja un margen peligroso para que estas sanciones se conviertan en un mecanismo de intimidación contra la prensa crítica.
Para evitar esta discrecionalidad, sería fundamental establecer parámetros objetivos y mecanismos de evaluación independientes, como la creación de un consejo editorial autónomo o la aplicación de estándares internacionales de verificación de información.
Ahora bien, hay un punto en la iniciativa que sí merece atención y refuerzo; la capacitación y profesionalización del gremio.
El hecho de que la Secretaría del Trabajo y la Coordinación General de Comunicación Social de Puebla puedan generar convenios para formar periodistas mediante cursos, seminarios y talleres es, sin duda, una de las medidas más valiosas y rescatables del proyecto.
Esta debe ser la verdadera clave de la discusión para fortalecer la preparación de los periodistas, mejorar sus condiciones laborales y salariales, además de garantizar un ejercicio profesional con calidad.
Pero, ¿tiene sentido crear una nueva ley para regular el periodismo cuando ya existen mecanismos jurídicos en México que protegen tanto la libertad de expresión como el derecho de réplica?
La Ley Reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya establece procedimientos claros para corregir informaciones inexactas sin necesidad de recurrir a sanciones civiles discrecionales.
Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es el organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
El artículo 7º de la Carta Magna también protege la libertad de difusión de ideas y opiniones, sin censura previa.
Con este marco legal vigente, la propuesta del diputado Andrés Villegas Mendoza no es ni novedosa ni extraordinaria, sino más bien una reiteración de principios ya establecidos, con el riesgo de convertirse en una herramienta de control.
Si verdaderamente se busca mejorar las condiciones del periodismo en Puebla, el esfuerzo deberá centrarse en garantizar la seguridad de los periodistas, promover la profesionalización y fortalecer sus derechos laborales.
Cualquier intento de imponer normas de ética desde el poder legislativo, o de sancionar de manera discrecional a los comunicadores, podría mostrar la pretensión, velada o no, de ser una amenaza latente contra el derecho a la información y la libertad de expresión.
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