ONG internacional a Barbosa: en Puebla sí hay perseguidos políticos
En un encuentro de observadores de DH que dieron un diagnostico de las amenazas que viven los defensores del agua que luchan contra la empresa Bonafont, integrantes de Brigadas Internacionales de Paz señalaron que -contrario a lo aseverado por el gobernador en su informe de gobierno- en el estado sí hay persecución judicial de activistas.
0
por Zvezda Ninel
Este miércoles, en las instalaciones de la ex planta embotelladora Bonafont (tomada desde marzo y ahora llamada La Casa de los Pueblos, Altepelmacalli), se llevó a cabo una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la que diversas organizaciones presentaron un diagnostico de las amenazas que viven los defensores del agua de los Pueblos Unidos de la zona de Cholula y los Volcanes, debido a los embates de grupos de choque y medios de comunicación que les estigmatizan.
Durante este encuentro en el que participaron representantes del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), el Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la IBERO, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán (CDHLVT) y Brigadas Internacionales de Paz (PIB) México, ante una pregunta expresa de este medio, observadores de esta última organización, los cuales acompañaron este año tres audiencias del ambientalista Miguel López Vega, señalaron que lo que han atestiguado les permite aseverar que en el estado de Puebla sí se aplican estrategias de persecución judicial de defensores del territorio.
El cuestionamiento planteado por Info Quórum a estas brigadas no intervencionistas que se dedican a registrar procesos de guerra o violaciones a derechos humanos y proporcionar apoyo moral a activistas locales para que puedan llevar adelante su trabajo sin miedo a la represión, acerca de si han registrado elementos que hagan que el defensor del río Metlapanapa pueda ser considerado un reo y posterior perseguido de conciencia, derivo de la alusión hecha el día de ayer por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno, respecto a que en la entidad no existen presos políticos.
La organización respondió que efectivamente ellos, y otros organismos internacionales han identificado la existencia en Puebla de una estrategia de criminalización y judialización contra defensores del territorio como este comunicador comunitario perteneciente al Frente de pueblos en defensa de la tierra y del agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), las "Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa", y los Pueblos Unidos de la zona de Cholula y los Volcanes, mismo que ha sido considerado como el primer preso político a nivel nacional en un gobierno de 4T.
"Sí, efectivamente nosotras desde Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés) estuvimos acompañando al defensor Miguel López Vega durante unas tres audiencias, y tanto PBI como otras organizaciones de Derechos Humanos sí pudimos, a través de la información que nos han proporcionado, sí podemos atestiguar que muchos defensores de la tierra y el territorio, de los cuales forma parte el defensor Miguel, están siendo víctimas de una estrategia de criminalización, de judialización, eso a nivel Puebla y en el país. Ese es uno de los mensajes que hemos llevado, un llamado al gobierno mexicano a proteger los Derechos Humanos de estas personas y a garantizar su seguridad y su protección".
