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Un perseguido y 17 presos políticos a la mitad del sexenio de Barbosa

Aunque el gobernador asegura que no hay presos de conciencia en su administración, ONG y activistas consideran que 15 personas han sido encarceladas por defender el medioambiente y la seguridad pública; y otras 3 fueron detenidas por oponerse a los resultados del proceso electoral del 6 de junio.

13/09/2021 - 8 pm 0
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por Zvezda Ninel
*Un día después de la publicación de esta nota recibimos confirmación de otro activista detenido en Coyomeapan, lo que quiere decir que son 19 las personas encarceladas por sus luchas sociales.

El gobierno que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta se ha jactado de ser una administración respetuosa de los Derechos Humanos y otras garantías constitucionales; sin embargo, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales advierten que en los dos primeros años de su gestión ya se han generado 18 (19) reos de conciencia.

La primera detención fue la del ambientalista Miguel López Vega, en enero del año pasado; cinco meses después le siguieron, 14 activistas defensores del agua y la seguridad pública de Amozoc; y, hace dos semanas, fueron arrestadas tres personas más que se oponen a los resultados del proceso electoral del 6 de junio en el municipio de Coyomeapan.

Miguel López Vega, guardián del río Metlapanapa y primer preso político de la 4T.

El 24 de enero de 2020, el ambientalista y comunicador comunitario Miguel López Vega fue detenido tras salir de un dialogo con la Secretaría de Gobierno (SEGOB) del Estado de Puebla, acusado de oposición a la realización de una obra pública, uso de explosivos y ataques a las vías generales de comunicación durante una manifestación realizada en octubre de 2019 contra la instalación de un colector de desechos del Parque Industrial Ciudad Textil que contaminaría el río Metlapanapa, en la comunidad de Santa María Zacatepec.

Dicho arresto, fue calificado de inmediato como un acto de represión política y el activista fue señalado como el primer preso de conciencia, no sólo de Puebla, sino de la 4T a nivel nacional. 

Tan pronto como el gobierno estatal dio a conocer los tres presuntos delitos por los que fue detenido, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México (AMARC Mx), integrada por 60 colectivos de radios comunitarias e indígenas nacionales e internacionales, emitió un comunicado asegurando que el arresto era una clara agresión dentro de un marco general de violencia contra las luchas ambientales del país.

Al día siguiente, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla señaló que este caso era la "configuración del primer expediente judicial en contra de un opositor, el primer preso político del gobierno poblano”. 

Durante cuatro días, hubo un constante flujo de pronunciamientos de organizaciones y activistas de México y otras naciones, entre los que destacaron: una movilización nacional de 500 organizaciones defensoras del agua; una carta firmada por 63 académicos, estudiantes e investigadores de 35 universidades, colectivos e institutos; y un posicionamiento del Consejo Nacional Indígena (CNI).

En el quinto día de su detención, representantes de más de una decena de organizaciones poblanas, entre quienes se encontraban ex presos y perseguidos políticos del morenovallismo como Francisco Castillo Montemayor, Martín Camacho y Rubén Sarabia Sánchez "Simitrio", dieron una rueda de prensa exigiendo la liberación del ambientalista. Unas horas después, se anunció un adelanto de la audiencia del activista, misma en la que fueron descartados dos de los cargos quedando abierto únicamente el de ataque a las vías de comunicación.

La juez del proceso, Miriam Huerta Lechuga, ordenó la libertad condicionada del activista y dio un plazo de dos meses para que el ministerio público de Juan C. Bonilla presentara pruebas en su contra, sin embargo la autoridad incumplió el plazo y ha suspendido tres audiencias, lo que ha mantenido abierto el proceso por casi 20 meses.

Pese a que no se han presentado evidencias que comprueben la comisión de algún ilícito, el ambientalista tiene que firmar cada 15 días en el penal de San Miguel (donde pasó cinco días recluido), una medida de tintes represivos y que le impide participar plenamente en diversas acciones de defensa del medioambiente, como el acudir a encuentros nacionales e internacionales sobre el tema.

Los 14 de Amozoc: activistas y militantes de Morena olvidados por su partido

La madrugada del 23 de junio del 2020, sin ordenes de aprehensión, sin identificarse y con violencia, policías municipales irrumpieron en las casas de 14 activistas de los movimientos Amozoc Seguro y Agua para Amozoc (entre quienes destaca el luchador social Eloy Méndez Becerra) para arrestarlos por los presuntos delitos de motín, daño en propiedad ajena y agresión que se argumenta fueron cometidos durante una movilización en el mes de enero contra el alcalde Mario de la Rosa, a quien una multitud señalaba como causante del incremento de homicidios, de huachigaseros, de robo a trasporte de carga y de actos de corrupción en el municipio.

Los primeros dos pronunciamientos por la libertad y el respeto a los Derechos Humanos de estos activistas (que son casi todos de la tercera edad, padecen diabetes e hipertensión y se han contagiado de Covid-19 durante los meses que han estado en prisión) se dieron el mismo día en que fueron arrestados, y correspondieron al Observatorio Laboral Ciudadano y al diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, quien calificó la detención como un acto de traición al pacto de civilidad del estado, pues estos ciudadanos se encontraban en dialogo con la Secretaría de Gobernación de Puebla dado que sentían amenazada su libertad e integridad como represalia por su lucha por la seguridad de su municipio.

En este caso, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla (CLPP) volvió a pronunciarse, calificando la detención como un "deleznable uso del poder y de la fuerza pública" que rememora al que "caracterizó las persecuciones políticas del morenovallismo".

Alrededor de 72 organizaciones poblanas y de otros estados, entre las que se encontraban la Asamblea Social del Agua y el frente nacional Agua Para Todos, Agua Para la Vida, publicaron un pronunciamiento al día siguiente exigiendo la liberación de los activistas y respeto a sus Derechos Humanos.

La Liga Mexicana Defensora de los Derechos Humanos (LIMDDH); Alerta Temprana Red; el Barzón Poblano; la UPVA 28 de Octubre; el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C.; el Movimiento Comunista Mexicano; el Movimiento por la Defensa del Agua y la Tierra (MODAT); MIOCUP; MASCIP; Izquierda Histórica de Puebla; el regidor suplente del Cabildo de Puebla Capital, Jorge Othón Chávez Palma; y el síndico suplente de Puebla Omar Jiménez Castro, también emitieron llamados por su libertad, pero hasta la fecha no han sido escuchados.

El mes pasado Alejandro Carvajal, presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso de la Unión para que el Tribunal de Justicia del Estado de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobierno del Estado, inicien una investigación a fondo para liberar a Eloy Méndez Becerra, pero su llamado aún no tiene respuesta.

Alejandro Carvajal y Omar Jiménez son los únicos dos morenistas que han hecho pronunciamientos recientes porque se haga justicia para estas personas que formaron parte de las primeras brigadas del partido en su municipio.

Coyomeapan y la oposición a "Los Celestinos" 

El 2 de septiembre de este 2021, dos hombres y una mujer identificados como Basilisa Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez y Anastasio Gonzalez Sanguinez, integrantes del movimiento Unidad por Coyomeapan que exige la salida del cacicazgo de los hermanos David y Araceli Celestino Rosas -y sus parientes políticos- quienes llevan cerca de 12 años gobernando el municipio, fueron detenidos tras salir de una mesa de dialogo con el Gobierno del Estado, convocada en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Ajalpan. 

Estas tres personas fueron acusadas h vinculadas a proceso por robo agravado, despojo y ataque a funcionarios público, lo cual, a decir de otros pobladores que integran el movimiento, constituyó un traición a los acuerdos tomados con el Gobierno Estatal, pues se les prometió que regresarían sin problemas de la mesa de negociación.

El pasado viernes, al concluir una audiencia en Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el activista Miguel López Vega se pronunció a favor de la liberación de los 14 activistas de Amozoc y de los tres pobladores de Coyomeapan, a los cuales consideró como presos políticos que fueron detenidos con un proceder parecido al aplicado en su caso.

Finalmente, este 12 de septiembre, 25 organizaciones pertenecientes a Alerta Temprana Red, emitieron un comunicado dirigido a autoridades como el Presidente Andrés Manuel López Obrador; el Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas; el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta; el Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal; y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, José Félix Cerezo, expresando su "profunda preocupación por la detención arbitraria de defensores del territorio, miembros de la comunidad indígena de Coyomeapan, Sierra Negra de Puebla", y un llamado a liberar a los tres activistas y "ponderar el diálogo y la negociación para lograr soluciones pacíficas del conflicto".




Nota por:
Zvezda Ninel

Estudié Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, mis áreas centrales son la filosofía de la ciencia, la estética e historia del arte, la ontología y la filosofía política. Soy activista y periodista.

Zvezda Ninel

Estudié Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, mis áreas centrales son la filosofía de la ciencia, la estética e historia del arte, la ontología y la filosofía política. Soy activista y periodista.

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