Bajo el uso de la “Ley de Enemigos Extranjeros” e ignorando el veredicto de un juez federal para restringir temporalmente cualquier deportación con el argumento de «Enemigos Extranjeros», el presidente de los Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunció la deportación de 240 venezolanos, presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua. Los centenares de venezolanos fueron llevados a El Salvador, a una cárcel de máxima seguridad.
Esto después de que el gobierno de EUA acordara pagar 6 millones de dólares al gobierno de El Salvador para encarcelar y asegurar por un año a cientos de migrantes. Como parte del acuerdo, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, solicitó la deportación de dos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 y de 21 salvadoreños detenidos en Estados Unidos para ser juzgados por las autoridades salvadoreñas.
El uso de una ley para expulsar a cientos de migrantes
Además de tratarse de venezolanos deportados por Estados Unidos hacia un tercer país, el proceso se justificó bajo la Ley de “Enemigos Extranjeros”, que tiene dos siglos de antigüedad y autoriza la detención inmediata de personas extranjeras que el gobierno considere están realizando “invasión depredadora” en Estados Unidos.
El Gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, rechazó el uso de la ley «anacrónica» estadounidense para deportar a presuntos pandilleros, y afirmó que estigmatiza a los migrantes y viola sus derechos.
El sábado, Trump declaró que el Tren de Aragua estaba «perpetrando y amenazando con realizar una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU”. Y ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que tuvieran al menos 14 años de edad, y que fueran miembros del Tren de Aragua y que «no sean naturalizados o residentes permanentes legales» fueran «detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros».
Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha identificado a los deportados ni ha mostrado pruebas que aseguren que eran miembros del Tren de Aragua ni de que hayan cometido delitos en EE.UU.
Los deportados, según la ONG venezolana Provea, no cuentan con garantías penales: «Serán sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa».
Además, la ONG ha expresado que sufrirán un destino jurídico incierto: «Sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y estos dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace».
La ley del enemigo extranjero
Esta ley nació en 1798, cuando el país estaba en guerra con Francia. Se había usado en tres ocasiones, siempre en contextos de guerra. Durante la Guerra anglo-estadounidense de 1812, durante la Primera Guerra Mundial y más recientemente, como una justificación para la reclusión de nacionales alemanes, italianos y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
La Constitución de Estados Unidos es clara en estipular que un presidente puede hacer uso de esta ley únicamente si el país está en guerra con otro, o una nación o gobierno extranjero ha invadido o amenazado con invadir a Estados Unidos. Sin embargo, Trump, ha ignorado esto último.
