La noche del martes 4 de junio, la comunidad indígena ñhöñhö (otomí) de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, fue escenario de un operativo policial que derivó en múltiples violaciones a los derechos humanos. El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES), quienes, sin presentar órdenes judiciales, detuvieron arbitrariamente a siete personas —cinco jóvenes de la comunidad y dos defensores de derechos humanos— y las mantuvieron incomunicadas en instalaciones del DIF municipal.
Detenciones sin fundamento legal
De acuerdo con testimonios comunitarios y videos difundidos por redes sociales, los jóvenes Jesús Torres, Leonardo García, Martín Álvarez, José L. y Uriel D. fueron detenidos sin explicaciones. Uno de ellos fue interceptado mientras salía de su domicilio tras buscar recursos económicos para atender a su hijo enfermo. Las detenciones ocurrieron en distintos barrios de Santiago Mexquititlán y, según testigos, sin que mediara motivo legal alguno.
Las personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones del Sistema DIF municipal, donde se les mantuvo incomunicadas, sin la posibilidad de recibir asesoría legal ni contar con intérpretes en su lengua materna, lo que constituye una violación grave a sus derechos como miembros de un pueblo originario.
Agresión a defensores de derechos humanos
Estela Hernández, defensora indígena, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se presentó en el lugar para documentar los hechos junto a Sergio Chávez. Ambos fueron también detenidos sin justificación. Estela Hernández denunció haber sido encapsulada por diez policías, quienes la derribaron, patearon, golpearon en los genitales, jalonearon del cabello y la insultaron con términos racistas como “pinche india”.
Sergio Chávez también fue golpeado e insultado. Hernández declaró que, además de la agresión física, fue víctima de violencia de género, ya que los ataques se centraron en su cuerpo con una clara intención de humillarla por ser mujer y defensora de derechos humanos.
Protesta comunitaria y liberación sin explicaciones
Mientras se desarrollaba el operativo, integrantes de la comunidad se concentraron en una manifestación pacífica frente al DIF para exigir la liberación de las personas detenidas. Durante la protesta se registró la presencia de la Guardia Nacional y un cerco de elementos de la POES.
Las siete personas fueron liberadas cerca de las 22:40 horas de ese mismo día, sin que las autoridades presentaran documentación oficial sobre su detención o una justificación legal de los hechos.
Contexto de criminalización y racismo estructural
El Nodo de Derechos Humanos (NODHO) denunció en un informe que los hechos del 4 de junio no son aislados, sino parte de una estrategia sistemática de represión estatal contra la comunidad de Santiago Mexquititlán, marcada por el racismo estructural, la violencia patriarcal y la criminalización de la defensa del territorio.
El informe resalta que las detenciones y agresiones responden a un patrón en el que la protesta social y la defensa del agua y el territorio son perseguidas por autoridades municipales y estatales mediante el uso excesivo de la fuerza pública.
Proyecto Batán y el trasfondo hídrico-inmobiliario
Santiago Mexquititlán se ubica sobre uno de los pocos acuíferos no sobreexplotados de Querétaro. El pozo comunal que abastece a la comunidad es objeto de defensa legal y comunitaria frente al proyecto “Batán Agua para Todos”, promovido por el gobernador Mauricio Kuri González y ejecutado por la Comisión Estatal de Agua junto a empresas privadas como SAQSA y México Infrastructure Partners (MIP), financiadas parcialmente por FONADIN y BANOBRAS.
Este proyecto busca redirigir agua hacia la zona metropolitana de Querétaro para abastecer desarrollos inmobiliarios. Según NODHO, el proyecto representa una amenaza directa a la autonomía hídrica de Santiago Mexquititlán y forma parte de una red de intereses económicos, políticos e inmobiliarios.
Vinculación entre el poder político y empresarial
El informe señala que el gobernador Kuri y su familia tienen vínculos empresariales en la zona, como la inmobiliaria One Bienes Raíces del Bajío, la cual vería incrementado el valor de sus reservas territoriales si se garantiza el suministro de agua mediante el proyecto Batán. La comunidad acusa que esta red de intereses está detrás de los operativos y la presión estatal para despojar a la comunidad de su agua.
Discurso oficialista y negación de responsabilidades
El secretario de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz, declaró que la intervención policial respondió a “reportes ciudadanos por alteración del orden público” y que se trató de una estrategia preventiva en comunidades con “factores de riesgo social”. Organizaciones civiles han criticado que tales declaraciones criminalizan a los pueblos indígenas al asociarlos con violencia, mientras niegan los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Asimismo, señalaron que el discurso oficial recurre a la estigmatización para desviar la atención y evitar investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, transfiriendo la carga probatoria a las víctimas, muchas de las cuales enfrentan barreras lingüísticas y temor a represalias.
Crímenes de Estado colonial y patriarcal
NODHO clasifica los hechos del 4 de junio como crímenes de Estado con motivaciones coloniales y patriarcales, donde se utiliza la violencia institucional para despojar a los pueblos indígenas de sus territorios y recursos, particularmente mediante la represión a las mujeres defensoras. Señalan que el caso de Estela Hernández ejemplifica una táctica de castigo ejemplar para intimidar a otras mujeres indígenas organizadas.
Llamado a la defensa de la autonomía comunitaria
El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán ha sido clave en la defensa del pozo comunal y del territorio. La comunidad construyó esta infraestructura de manera colectiva y ha ejercido su derecho a la autodeterminación a través de acciones jurídicas y comunitarias. Organizaciones nacionales e internacionales siguen de cerca la situación y han manifestado su respaldo al pueblo ñhöñhö.
