Seis migrantes fueron asesinados y diez más resultaron heridos por un ataque perpetrado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el pasado martes 1 de octubre en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas.
Los hechos ocurrieron cuando integrantes del ejército mexicano patrullaban la zona baja de la vía principal de esta comunidad. Intentaron detener un camión, pero este se dio a la fuga, presuntamente atacando a los militares, quienes respondieron iniciando una persecución y disparando en múltiples ocasiones contra el vehículo.
A consecuencia de esto, cuatro personas extranjeras fallecieron en el lugar, y dos más murieron mientras recibían atención médica, al ser trasladadas a un hospital ubicado en la comuna de Huixtla, junto a la decena de heridos.
Los dos militares ya fueron separados de su cargo.
A través de un comunicado, la institución castrense informó que los migrantes eran de nacionalidad hindú, egipcia, nepalí, pakistaní, cubana y árabe. Además, se precisó que otros 17 migrantes resultaron ilesos y fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración (INM). La Sedena solicitó el apoyo de la Cancillería para establecer contacto con las embajadas de los países de los afectados.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los dos militares que dispararon contra los migrantes fueron separados de sus cargos mientras la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las diligencias legales correspondientes para deslindar responsabilidades. Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia Militar está realizando sus propias investigaciones sobre la disciplina castrense.
Colectivos pro-migrantes condenan los hechos y exigen justicia
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, conformado por diversas agrupaciones defensoras de los derechos de los migrantes, condenó estos hechos y exigió justicia para las víctimas, entre las cuales había menores de edad.
En un comunicado, señalaron que no se debe limitar la información a la versión oficial proporcionada hasta el momento, y pidieron que se considere también el testimonio de los migrantes. Reafirmaron que este tipo de investigaciones deben centrarse en los testimonios directos de las víctimas, garantizando condiciones dignas, imparcialidad y seguridad. Asimismo, solicitaron que se reconozca la responsabilidad de la cadena de mando involucrada y la responsabilidad institucional y política por las condiciones que favorecen estos hechos.
El colectivo subrayó que estos sucesos son consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que ha implementado el gobierno federal, las cuales incluyen el despliegue militar para detener el flujo migratorio, con una lógica de persecución en lugar de protección de la movilidad, lo que atenta contra la integridad física y emocional de los migrantes, e incluso su vida.
Por todo ello, exigieron a las autoridades políticas migratorias que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes, así como una investigación pronta e imparcial, atención integral a las víctimas y sus familias, reparación del daño y facilidades para la repatriación a sus países de origen.
FGR debe investigar
En su conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó los hechos y dijo que éstos no deben ser investigados sólo por la justicia militar sino por la Fiscalía General de la República.
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