La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que seis personas fallecieron por disparos de soldados en un hecho ocurrido la noche del lunes 6 de octubre en la carretera Ciudad Mante–Tampico, en el sur de Tamaulipas.
Según el parte castrense, una camioneta blanca habría intentado embestir a un convoy y los elementos abrieron fuego “al percibir una amenaza”; cinco ocupantes murieron en el sitio y uno más camino al hospital. Hasta ahora no hay identificación oficial de las víctimas, y medios locales refieren que serían jornaleros. La Sedena informó que los militares involucrados fueron relevados de sus funciones mientras avanzan las pesquisas.
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación y, en paralelo, la Fiscalía de Justicia Militar abrió su propia indagatoria, un esquema que organizaciones civiles han cuestionado por posibles duplicidades y efectos sobre el acceso a la justicia en casos de presuntas violaciones graves a derechos humanos.
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como “muy lamentable” y aseguró que se revisará a fondo la actuación de los elementos: “Tenemos un sistema jurídico… no somos la ‘guerra contra el narco’; aquí no”, dijo al subrayar el uso racional y legal de la fuerza y el acompañamiento a las familias.
El caso revive polémicas recientes por uso letal de la fuerza militar sin que medie agresión reportada en contra de los uniformados. En mayo, en Badiraguato, Sinaloa, dos niñas (7 y 11 años) murieron tras disparos a una camioneta con cuatro menores y dos adultos; y en octubre de 2024, en Chiapas, seis migrantes fallecieron en un operativo similar. Ambos episodios desataron críticas y promesas de investigación.
Tamaulipas acumula antecedentes de operativos federales con saldo de civiles muertos y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, en un estado con fuerte presencia del crimen organizado y despliegue castrense desde sexenios anteriores. El incidente del lunes vuelve a poner bajo la lupa el rol del Ejército en tareas de seguridad pública y los protocolos de uso de la fuerza.
Reuters
Organizaciones como Centro Prodh insisten en evitar que el fuero militar absorba o condicione la investigación penal ordinaria cuando hay indicios de violaciones graves.
