La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgará un amparo al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, por la filtración de mensajes y audios difundidos en su contra por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, según se informó a través de un proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos-Farjat, que será discutido este miércoles 9 de julio de 2025.
De acuerdo con el documento, la mandataria estatal presentó públicamente fragmentos de una supuesta conversación entre Monreal y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, sin demostrar la legitimidad ni verificar los hechos en los que basó sus declaraciones.
Los hechos
El 25 de octubre de 2022, durante su programa Martes del Jaguar, transmitido en redes sociales y canales oficiales del gobierno campechano, Layda Sansores acusó a Monreal de encubrimiento y presunto tráfico de influencias en complicidad con Alejandro Moreno.
Durante esa emisión, se difundieron supuestos mensajes de WhatsApp que comprometerían a Monreal con el líder priista.
«Aquí lo que está haciendo es encubrir que él sí se quedó con propiedades, que compraba en tres centavos el metro cuadrado frente a la playa de Champotón, que se quedó con miles de hectáreas, que su casa, nada más el parquecito para jueguen los niños y corran, mide setenta mil metros cuadrados, más la casa que cuesta diez millones, cien millones, ciento sesenta creo con muebles», acusó Sansores a Monreal de encubrimiento al dirigente priista.
¿Por qué promovió un amparo Ricardo Monreal?
Ante estas declaraciones, Monreal —entonces senador— presentó un juicio de amparo indirecto. Alegó que la gobernadora actuó fuera de sus facultades legales y vulneró su presunción de inocencia, al señalarlo como partícipe en actos ilícitos.
También denunció violaciones a sus derechos al honor y a la privacidad, ya que la información fue difundida desde canales oficiales. Afirmó que los mensajes habían sido obtenidos de manera ilegal y que incluso estaban “manipulados”.
Un juez de Distrito le concedió el amparo, al concluir que la gobernadora no tenía facultades legales para hacer esas afirmaciones y que las expresiones no eran objetivas ni imparciales.
